Seguimiento desigual en el primer día de paro indefinido de los funcionarios de Justicia
El primer día de huelga indefinida de los funcionarios de Justicia dejó ayer algunas oficinas vacías, con seguimientos masivos (entre el 65% y el 90%) en algunas comunidades como Andalucía, Castilla-la Mancha, La rioja o Baleares, según informaron sindicatos como UGT y CSIF. Desde el último sindicato, se asegura que este paro total llega después de un seguimiento sostenido por parte de un 85% de toda la plantilla en las protestas puntuales convocadas durante el último mes.
Aunque la horquilla de ese seguimiento se ensancha y mucho, en función del origen de los datos. La Generalitat informó ayer, por ejemplo, de que el seguimiento del paro en esta comunidad fue secundado solo por el 8% de los funcionarios.
Dejando a un lado este baile de cifras, lo que más duele a sindicatos como CSIF es que el Ministerio de Justicia siguiera ayer con su postura, con la huelga indefinida ya en marcha, “sin mostrar ninguna voluntad de negociar”. Este sindicato insiste en que al Gobierno no le queda ya otra salida, en estos momentos, que “convocar al comité de huelga con una propuesta económica y un compromiso sobre el contenido de la ley de Eficiencia organizativa (Loeo)”.
Si el ministerio no mueve ficha en breve, la factura pagada por el ciudadano por esta protesta puede ser descomunal. Hasta la fecha, según los sindicatos, se han suspendido ya más de medio millón de juicios y han quedado paralizadas 30 millones de actuaciones. Esta cifra, si el paro de los funcionarios es mayoritario, podrían
El Gobierno no reaccionó, pero hoy firma el acuerdo con los jueces y los fiscales para poner fin a su huelga
multiplicarse en los próximos días.
Ayer, más de 1.500 funcionarios, según CSIF, se concentraron frente al Ministerio de Hacienda. La mirada de esos trabajadores está fijada ahora en esa sede, un día antes de que el Gobierno firme, hoy, el acuerdo con jueces y fiscales, que verán aumentada su nómina en hasta 450 euros.
Durante la semana están previstas otras concentraciones en toda España, que tendrán como punto culminante la gran manifestación convocada este jueves 25 de mayo en Madrid.
Los funcionarios volvieron a criticar ayer lo que consideran una postura “clasista” del Gobierno, que con ellos se niega a negociar, “mientras sí ha llegado a acuerdos con los letrados de la administración de justicia y con los jueces y fiscales”. El acuerdo con las asociaciones de estos últimos profesionales supondrá una inyección de 46,7 millones de euros. Una cifra que queda muy lejos de los 200 millones necesarios para incrementar la nómina de los 45.000 funcionarios. Estos profesionales suponen el 93% de la plantilla judicial.c