El Gobierno evita la huelga de jueces y fiscales en plena protesta de los funcionarios
El Gobierno ha logrado apagar ya dos de los tres incendios abiertos en el Ministerio de Justicia, un polvorín estos últimos meses después de que los letrados de la administración de justicia abrieran el cajón de las protestas. El primer fuego, el de los secretarios judiciales, se apagó tras una huelga que duró casi tres meses. El segundo incendio, el de los jueces y fiscales, se ha apagado solo tres semanas después de que esos actores judiciales amenazaran con huelga indefinida. El tercer fuego, el de los funcionarios de la escala básica, sigue activo.
Ayer, el Gobierno y seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales que amenazaban con un paro total firmaron un acuerdo de mejora salarial y ampliación de plantillas. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces, es la única que no ha estampado su rúbrica en ese documento. Acusa a sus compañeros de “venderse por 30 monedas de plata”.
A la firma acudieron el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán. Además de las mejoras retributivas (fiscales y jueces cobrarán una media de 444 euros más al mes en 12 pagas) el acuerdo contempla la ampliación de la plantilla para ambas carreras.
El Gobierno se compromete a reforzar el servicio público de Justicia con 100 nuevas plazas en el 2023 y 100 más en el 2024. A lo que hay que sumar otras 200 ya aprobadas para cada uno de estos ejercicios. Así que serán 300 plazas en el 2023 y 300 en el 2024.
También se ha acordado la constitución de grupos de trabajo permanentes, así como la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo y el compromiso de convocar cada año la mesa de retribuciones.
La firma de este pacto, que el Gobierno califica de “histórico”, coincidió con el segundo día de huelga indefinida a la que han sido llamados los 45.000 funcionarios de la escala básica de esta administración. Ellos también piden más sueldo y mejoras laborales. El colapso que puede causar ese paro preocupa a las autoridades de Justicia, aunque de momento no parece que muevan ficha para responder a esas peticiones. El CSIF asegura que la segunda jornada de huelga la secundó el 85% de la plantilla.