Prisioneros de Putin, cautivos del olvido
Los familiares de presos políticos ucranianos en Rusia y personas desaparecidas en los territorios ocupados piden ayuda al mundo
La voz de Olena se quiebra al nombrar a su padre, Vitali Atamanchuk. “Tiene 70 años y está paralítico, los presos más jóvenes le cambian los pañales. Casi no puede andar, debería haber sido liberado hace tiempo. Llevo cinco años luchando, no puedo más”, dice rota de dolor. “Mi madre, Olena Fedoruk, está detenida desde el 2017, y su salud es muy frágil. Se ha creado una comisión para prisioneros de guerra pero no para presos civiles, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar para verla?”, suplica Daria, veinteañera, mirando a los ojos al representante de la oficina del Defensor del Pueblo. “Dicen que hay dinero para buscar apoyo legal pero yo lo he intentado y no lo he conseguido, ¿qué tengo que hacer para que alguien busque a mi hijo?”, pregunta desesperado un padre al término de una conferencia celebrada esta semana en Kyiv con asociaciones que trabajan con civiles detenidos en Rusia.
Desde el 24 de febrero del 2022, Moscú ha cortado los pocos canales de comunicación que existían y los familiares de presos y desaparecidos se consumen por la falta de noticias. Rusia presenta cargos ficticios contra ellos y, a menudo, son llevados de un lugar a otro, por lo que es fácil perderles el rastro. En muchos casos denuncian tratos inhumanos y torturas, y se sabe de abusos sexuales.
“Mi familia fue capturada el 4 de septiembre del 2018 en Donetsk por sus posiciones proucranianas. Entraron en casa y se llevaron a mi padre, a mi madre y a mi hermano”, explica Olena. Un abogado la contactó y –a cambio de una alta suma de dinero que prefiere no revelar– logró la liberación de su madre y de su hermano, que murió a los pocos días “como consecuencia de las torturas” padecidas. Durante un año, no supieron nada de su padre, Vitali. En octubre del 2019 fue condenado a 17 años de cárcel por espionaje, explica su hija antes de relatar la larga lista de problemas médicos que sufría antes de su arresto.
“No sé qué hacer. Lleva allí cinco años, no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí pero no podemos esperar a que acabe la guerra, deben liberarlo. Tiene 70 años, no es un peligro para nadie”, insiste Olena, que teme que, en la compleja coyuntura actual, casos como el suyo caigan en el olvido. “El Gobierno se está centrando en los prisioneros de guerra. Nosotros no los olvidamos pero sentimos que hay una falta de atención hacia ellos”, dice con timidez.
“Solo la comunidad internacional puede ayudarnos. Nuestro Gobierno nos escucha, pero por desgracia no puede hacer todo lo que le pedimos porque no hay suficientes recursos y Rusia lo bloquea todo”, opina el padre del preso Valentín Vihivski, que este verano cumplirá 40 años. Activista del Maidán, aparentemente cayó en la trampa que le tendió una chica para viajar a Crimea y fue detenido a finales del 2014. Tardaron meses en entender qué había pasado. “Fue detenido y llevado a Moscú. Agentes de inteligencia le dieron palizas durante todo el vuelo. Luego lo llevaron a un bosque y simularon una ejecución”, cuenta su padre. Acusado de posesión de información confidencial y espionaje, Vihivski fue condenado a once años de cárcel.
Las cifras son, por definición, aproximativas, pero, de acuerdo con la oenegé Media Iniciative for Human Rights, que ha identificado 60 centros de detención, en abril había 948 civiles detenidos en manos de Moscú, bien en Rusia o en territorios ucranianos ocupados. “Cuando los rusos llegan a territorio ucraniano primero practican el terror militar y cometen asesinatos y detenciones que solo pueden calificarse de crímenes contra la humanidad. Luego están las acciones de los servicios especiales y las agencias de espionaje. Es una política de represión sistemática”, afirma Íhor Kozlovski, cofundador de la plataforma para la liberación de los presos políticos de Ucrania, organizadora del simposio celebrado este viernes.
“He hablado con gente que huyó de las regiones del sur y del este y que ha visto cómo trabajan. Han creado un sistema de informantes, tienen listas con nombres y practican detenciones arbitrarias”. Rusia, prosigue Kozlovski, intenta “romper” a los presos “diciéndoles que nadie les busca, que Ucrania está perdiendo la guerra y que más les vale colaborar con ellos. Están sometidos a una enorme presión psicológica”.
Encontrar abogados en Rusia es un reto; temen ser perseguidos y pocos aceptan estos casos. A pesar de la falta de medios, de idiomas y de contactos, muchos familiares han llamado a las puertas de ministerios de Exteriores europeos, instituciones comunitarias o la Administración estadounidense. Ahora, se han propuesto implicar a la UE y sistematizar sus esfuerzos. “Quizá podemos empezar por crear un grupo de expertos europeos y ucranianos, y luego preparar una agenda para ayudar a los afectados”, plantea Olga Hrib, cuyo hermano, Pavló, fue detenido ilegalmente en Bielorrusia en el 2017 cuando iba a visitar a una chica y llevado a Rusia, donde se le acusó de terrorismo. Tenía 18 años y problemas de salud. La UE y otros organismos denunciaron su caso y, en el 2019, fue liberado en un intercambio de presos. Marcado por el cautiverio, ahora lucha en el ejército de su país.
“A nivel internacional se está hablando de la deportación de niños pero no de los prisioneros o los civiles detenidos. Hay que hablar más de ellos”, aconseja Irina Heráshchenko, exvicepresidenta de la Rada. “Son héroes, no podemos decir al mundo que luchamos por presos anónimos, debemos decir en alto los nombres de los que conocemos”.c
“¿Qué tengo que hacer para que alguien busque a mi hijo?”, pregunta desesperado un padre ucraniano
Grupos de defensa de presos civiles y activistas pro derechos humanos piden mayor implicación de la UE