El Gobierno se propone taponar las grietas del voto por correo para acabar con el fraude
El Ejecutivo pone en valor la “reacción policial, judicial y política” ante un fenómeno “nada nuevo”
“Aunque a corto plazo este goteo de presuntos casos de fraude electoral sea negativo para la salud democrática, a la larga – cuando pase todo este ruido–, el resultado será un sistema democrático aún más garantista con prácticas –que se llevan repitiendo desde el inicio de la democracia– que serán desterradas”. Este es el diagnóstico que hacen desde la Moncloa sobre la desarticulación de tramas de compra y venta de voto por correo que han marcado los últimos compases de la campaña electoral de los comicios de hoy. Y es que en el Gobierno existe el convencimiento de que lo sucedido estos últimos días no caerá en saco roto y el Ejecutivo de Pedro Sánchez se propone tras las elecciones de este domingo plantear una reforma de la ley orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para taponar las grietas que el voto por correo ha evidenciado, con el objetivo de acabar con un fraude electoral que desde la Moncloa se considera que viene de lejos.
El Ministerio del Interior constató en el 2015, año de elecciones autonómicas y locales como las de este 2023, un total de 43 infracciones penales contra la legislación electoral como los escándalos que han salido a la luz esta semana. Esa cifra se elevó hasta los 65 casos en los comicios del 2019. Cinco de ellos ocurrieron en Melilla, que, en esta ocasión, se ha convertido en el epicentro del terremoto que ha sacudido la recta final de la campaña. Pocos dudan de que las réplicas de ese seísmo en Mojácar (Almería), Albudeite (Murcia) o Arona (Tenerife) apenas hubiesen trascendido públicamente sin los amplificadores de los mítines políticos. “El Estado ha reaccionado de manera policial, judicial y política ante una realidad que existía”, afirman fuentes gubernamentales.
En el plano policial, fuentes ministeriales aseguran que “por primera vez” había una consigna contundente para poner coto a las tramas de compra y venta de votos que durante lustros han campado a sus anchas en Melilla. Había precedentes en la ciudad autónoma. En el 2021, el Tribunal Supremo condenó a dos años de cárcel por un delito de fraude electoral cometido en el 2008 al líder de Coalición por Melilla (CPM), Mustafá Aberchán. La masiva solicitud de voto por correo este año –alcanzó el 20% mientras que la media nacional es del 3%– aceleró la investigación que, aunque sigue abierta, se saldó con la detención de un miembro del Gobierno melillense, que terminó siendo cesado 24 horas después. El escándalo mayúsculo – se estima que la trama pudo comprar unos 10.000 votos– también ha puesto de relieve la coordinada actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han impedido que sacas repletas de votos hayan podido salir rumbo a la Península para consumar el fraude.
En el plano judicial, existe una norma no escrita en el mundo de los tribunales según la cual durante las campañas electorales no se toman decisiones judiciales de calado que puedan influir en el devenir de los comicios. Sin embargo, en esta ocasión, jueces de instrucción han ordenado operaciones a pocos días de abrirse los colegios electorales. “De esta forma se ha preservado la pulcritud y legitimidad del resultado del 28-M. Si se lleva a cabo la desarticulación de las tramas después del domingo, se puede poner en duda el resultado”, valoran fuentes jurídicas.
En el plano político, el Ministerio del Interior movió ficha ante el intento de fraude que se estaba fraguando en Melilla solicitando a la Junta Electoral de Zona que el DNI fuese imprescindible a la hora de ejecutar el voto en las oficinas de Correos. Por el momento, el sistema solo obliga cuando se recibe la documentación electoral para el sufragio postal. Esta medida, tomada cuando solo habían sido entregadas 704 de más de 11.700 solicitudes, ha permitido dejar fuera de las urnas unos 5.000 votos sospechosos.
En el Gobierno están convencidos de que esta medida inédita tomada por la Junta Electoral debe convertirse en ley, por lo que, tras las elecciones, se impulsará una reforma de la ley orgánica para que cualquier ciudadano deba entregar su DNI cuando efectúe su voto. Una grieta del sistema que el escándalo de Melilla ha servido, también, para evidenciar.c
La Moncloa impulsará una reforma de la ley que impida entregar el voto a las oficinas de Correos sin el DNI