El juez propone juzgar a Ángel Ron, expresidente del Popular, por estafa
El magistrado archiva la causa por falta de indicios respecto a Emilio Saracho
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha finalizado la instrucción del caso Banco Popular y propone juzgar al expresidente de la entidad ¡ngel Ron, a otros doce directivos y a la consultora Pricewaterhousecoopers (PWC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital del 2016. Una ampliación a la que los inversores acudieron “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y del 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”. En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional para el expresidente Emilio Saracho al no haber tenido ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable, sino que, por el contrario, dice el juez, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco.
Adem·s, señala que no se ha podido constatar que fuera el responsable de las “graves filtraciones” a la prensa que aceleraron la fuga de depósitos que sufrió el Banco Popular. La resolución señala que la Comisión de Auditoría emitió informe favorable a la ampliación, sin contar con ningún estudio detallado por escrito que pudiera ser objeto de debate.
Respecto al folleto de la ampliación de capital, explica el auto, “se ofrece una información financiera conscientemente alterada (que ocultaba a los inversores enormes déficits de provisiones) entresacada de las cuentas anuales del año 2015 (auditadas por PWC) y de los estados financieros a 31/ III/2016 (con informe limitado de dicha auditora)”.
De haberse reflejado en los balances del Banco Popular –a 31/ XII/2015 y 31/III/2016– las provisiones no reflejadas en los mismos, añade el instructor, “el resultado contable de la cuenta de pérdidas y ganancias habría arrojado como mínimo 2.500 millones de pérdidas, en vez de los beneficios declarados” por la entidad, aparte de alterar sustancialmente numerosas ratios de las cuentas, las cuales se utilizan por los inversores para su an·lisis financiero.
El juez explica que el delito de estafa a inversores se pudo cometer a través de la ampliación de capital que comercializó el Banco Popular en el año 2016. Señala que no alberga duda de que los inversores que acudieron a suscribir dicha ampliación fueron engañados, toda vez que las cuentas anuales consolidadas del Banco Popular del año 2015 y los estados financieros del primer trimestre del 2016 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio de dicha entidad. Esas cuentas, según el magistrado, ocultaban un importante déficit de provisiones.
El auto también hace referencia a la estructura Thesan, consistente en la creación de sociedades en Luxemburgo con la única finalidad de canalizar créditos del banco a estas sociedades con objeto de que, posteriormente, derivaran esos préstamos a determinados acreditados del Popular, a fin de evitar que fueran clasificados como créditos dudosos y, por tanto, eludir la dotación de cientos de millones de provisiones. ●