Las comisiones del caso Koldo: ¡qué escándalo, aquí se juega!
Nos vestíamos con impermeables comprados en los chinos, con lo que habíamos podido comprar en Amazon, con las farmacias que nos proveían. Éramos auténticos buscadores de tesoros detrás de una mascarilla”.
Andrés Rueda, director de una residencia de ancianos, describía con estas palabras el caos de los primeros meses de la crisis de la pandemia. Rueda declaró el 28 de setiembre del 2020 en una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya.
Su testimonio fue uno de los más desgarradores de cuantos se escucharon en aquellas sesiones. La gente se contagiaba y moría en apenas cuatro días, los trabajadores enfermaban. No había medios, pero sí mucho papeleo y muchas instrucciones tan oficiales como contradictorias.
Hay algo impúdico en las comisiones de investigación que esta semana empezarán a trabajar en el Congreso y el Senado sobre las tramas de venta de mascarillas en plena pandemia: el olvido de las víctimas que aún hoy litigan en los tribunales por saber qué ocurrió. Solo hace falta repasar las listas de los más de doscientos comparecientes que ya han sido llamados a declarar.
¿Hubo especulación? Cla o
¿De verdad hace falta constituir dos comisiones, una en el Congreso y otra en el Senado, para averiguar si el señor Koldo García Izaguirre y sus socios ganaron muchísimo dinero vendiendo mascarillas? Es obvio que fue así. Al igual que el señor Alberto González Amador y sus amigos.
Ellos, y no sólo ellos, aprovecharon la oportunidad: vendieron a la mayoría de las administraciones que en aquellos meses adquirían material sanitario a toda prisa, al mejor postor (o impostor) y al precio que fuera porque la gente se moría. Otra cosa distinta es saber qué hicieron esos vendedores de ocasión con el dinero que ganaron. Para eso están los tribunales y Hacienda.
¿Es necesaria una gran investigación para saber si hubo especulación? No. ¿O acaso ya nadie recuerda que, tras una larguísima discusión política y mediática, en noviembre del 2020 el gobierno central tuvo que intervenir el precio de venta al público de las mascarillas?
Lo que en realidad provoca más sorpresa es la sorpresa que parece embargar ahora a sus señorías. Su estupor recuerda aquella escena del casino en Casablanca en la que el capitán Renault exclama: “¡Qué escándalo. He descubierto que aquí se juega!”.
Para entender qué pasó sólo hace falta escuchar a empresarios del sector sanitario que ya en plena pandemia lamentaban que en España se habían dejado de fabricar mascarillas porque no se podía competir con los precios de China o Vietnam. Ningún gobierno entendió que aquella renuncia creaba un problema estratégico que pagaríamos carísimo.
Y fue así como, desatada la pandemia, empezaron las prisas por comprar. Esas prisas que convirtieron, por ejemplo, a una empresa de refrescos con sede en un chalet de Sant Cugat y con buenos contactos en China en uno de los mayores proveedores de mascarillas del Ministerio de Sanidad.
Miles de millones excepcionales
Y así, también, se gastaron miles de millones. ¿Cuántos? La base de datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación tiene registrados para los años 2020 y 2021, 14.311 contratos de emergencia, es decir, contratos a los que no se aplicaron los controles previos de fiscalización habituales porque eran urgentes, urgentísimos.
La oficina estima que así se gastaron 7.000 millones en dos años. Pero esa cifra no encaja con otros recuentos. Solo la Administración central transfirió a las comunidades autónomas –todas ellas con competencias exclusivas en Sanidad y con capacidad de compra por la vía de emergencia– 20.000 millones de euros.
¿Cómo se gastó ese dinero? Basta leer los informes de casi todos los organismos de fiscalización que hay en España –del gobierno central, autonómico y local– para constatar que las anomalías fueron muchas. Ninguna administración se salvó del reproche. ¿Todos son casos de corrupción? Seguramente, la inmensa mayoría no. La pregunta es por qué tuvimos y tenemos unas administraciones tan torpes.
Hay un dato esclarecedor: uno de los gastos de emergencia más recurrentes y caros de todas las instituciones públicas en plena pandemia no fue el material sanitario. Fue el material informático con el que todos los gobiernos –central, regional o local– trataron de hacer funcionar su oficinas cerradas al público. No estábamos preparados. Y así nos fue.
Koldo, empleado público
La crisis, además, describió un serio problema de profesionalización de la dirección de las administraciones públicas, y el caso de Koldo García es ejemplar. ¡El chófer del secretario de organización del PSOE, convertido en un mando público con acceso hasta el último rincón de un ministerio! ¡Qué escándalo!
Pero eso tampoco debería sorprendernos. España es el país de Europa en el que cada vez que cambia el gobierno se destituyen y se nombran más cargos públi
Congreso y Senado ponen en marcha esta semana sus indagaciones partidarias sobre la compra de mascarillas
cos. Presidentes, ministros, consejeros, todos tienen la potestad legal de rodearse de militantes. Personas cuya honestidad no debe ponerse a priori en duda, pero que se deben primero a su jefe y luego al servicio público.
Imaginen por un momento que aquel asesor del ministro hubiese sido un servidor público de carrera. ¿Habría actuado igual? No lo sabemos, pero cabe pensar que no. Al menos, respecto a determinadas complicidades que ahora están bajo sospecha.
Así que si sus señorías van a investigar, sería oportuno centrarse no (o no sólo) en lo que hicieron en la pandemia, sino en lo que no habían hecho antes y en lo que se sigue haciendo mal ahora.
Y no olvidar a las víctimas. ●