Dos ceses en la Diputación y a estudio un posible contencioso contra la Junta
La Diputación de Málaga asegura que lleva más de un año intentando resolver con la Consejería de Administración Local de la Junta “este problema producido por un retraso en la tramitación de las justificaciones de las subvenciones del convenio del PFEA 2017”. Precisa que con cargo a ese convenio se ejecutaron 301 obras en los municipios de la provincia de Málaga que supusieron la contratación de 11.922 personas desempleadas. La Diputación justificó en plazo la realización de 45 de esos proyectos, y adujo un fallo en la plataforma electrónica de la Consejería como una de las causas del retraso en la presentación del resto de justificaciones. Al tratarse de una tramitación compleja, “tradicionalmente la Junta de Andalucía siempre ha ampliado los plazos de presentación de justificaciones antes de formalizar el expediente de reintegro”. En esta ocasión no se han ampliado los plazos en la misma extensión que en años anteriores, siempre según la Diputación.
Esto no significa, sin embargo, que “la Diputación eluda su parte de responsabilidad ante el retraso en la tramitación de estos expedientes de justificación de las subvenciones”. Tras efectuar una evaluación interna, se decidieron dos ceses: el de la jefa de servicio de la funcionaria responsable de ese proceso y el del director del área de Apoyo y Atención al Municipio, que era un cargo eventual.
La Diputación asegura que todas las obras han sido “ejecutadas, completadas y abonadas”. En la actualidad, estudia la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo contra el procedimiento de reintegro. Dada su situación de solvencia actual, la Diputación “está perfectamente preparada, si se diera el caso, para proceder al reintegro de los 4,7 millones de euros, más los intereses de demora, que reclama la Junta de Andalucía”, sin que ello suponga en absoluto ningún desequilibrio presupuestario ni desatender sus proyectos, servicios o actuaciones previstas este año o los siguientes.
Los objetivos del convenio firmado con la Junta en 2017 se han cumplido, se han generado los puestos de trabajo previstos y las obras se han concluido en los 93 municipios y en la entidad local autónoma en que se desarrollaron.