La Junta pone en venta las fincas del antiguo instituto para la reforma agraria
● El nuevo procedimiento de enajenación contempla sustanciosas rebajas de precio para proyectos de impacto social
La Junta venderá las últimas fincas públicas que quedan del extinto Instituto Andaluz para la Reforma Agraria (IARA), aunque no es la primera vez que el Gobierno andaluz intenta rentabilizar estos terrenos de propiedad pública. La Consejería de Agricultura pone en venta 248 fincas, 4.900 hectáreas, que en principio cuentan con un valor de 49 millones de euros.
El Consejo de Gobierno aprobó en la reunión de ayer el procedimiento de enajenación de estos terrenos. La nueva norma regula los diferentes procesos a desarrollar con el objetivo de poner el patrimonio agrario de la Junta a disposición del sector productivo de la región. En primer lugar, el Gobierno andaluz apuesta por dar preferencia a los ayuntamientos en el acceso a las tierras públicas.
Según el Ejecutivo andaluz, ello permite que sean las entidades más próximas a los terrenos y a los ciudadanos las encargadas de intermediar con los operadores locales para que estas fincas acojan proyectos que dinamicen el medio rural y generen empleo en la zona. Para favorecer esta vía de adjudicación, la legislación establece una reducción del 30% con respecto al valor de tasación si se acredita que la finca se destinará a una iniciativa de interés social.
En el caso de que algún terreno quede aún vacante, la Junta activará un procedimiento abierto que contará con garantías respecto a la igualdad, la concurrencia y la publicidad del procedimiento. Si hubiera más de una solicitud para la misma parcela, la Administración andaluza analizará el plan de explotación. Priorizará aquellas iniciativas agrícolas y ganaderas basadas en modelos más respetuosos con el medio ambiente, como las producciones ecológica e integrada.
Como tercera opción, la normativa contempla la convocatoria de sucesivos concursos públicos en los que el precio de adquisición podría ir disminuyendo hasta un mínimo del 25%. En última instancia, el decreto contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, determinadas personas jurídicas o físicas accedan a estas parcelas si cumplen ciertas condiciones basadas en razones objetivas.
La Administración ya intentó deshacerse de estos terrenos sin demasiado éxito