Un informe del CGPJ cuestiona los ejes de la ley del ‘sólo sí es sí’
● La propuesta, redactada por tres vocales y que será estudiada el día 25, plantea dudas sobre la definición del consentimiento de la víctima y la creación de una categoría única de agresión sexual
La propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley integral de libertad sexual, conocida como la ley del sólo sí es sí, cuestiona varios de los ejes del proyecto, desde la definición del consentimiento de la víctima a que se considere agresión sexual lo que ahora es abuso.
Según informó en un comunicado el CGPJ, el pleno del órgano de gobierno de los jueces estudiará el día 25 la propuesta de informe redactada por tres vocales y que ayer fue remitida al resto para que hagan sus observaciones antes del debate. Los ponentes consideran que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima puede comportar una “inversión de la carga de la prueba”, y cree que eliminar el delito de abuso sexual puede perjudicar a la víctima, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves.
El informe del CGPJ es preceptivo, pero no vinculante para el Gobierno, y el Ministerio de Igualdad lo esperaba ya en enero para consultar después al Consejo de Estado y poder enviar el proyecto al Parlamento para el 8 de marzo, Día de la Mujer, pero el retraso del órgano de gobierno de los jueces a la hora de entregarle su dictamen amenaza sus planes.
Dos de las ponentes del informe, la magistrada Roser Bach y la abogada Pilar Sepúlveda, fundadora de la Asociación de Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, forman parte del considerado sector progresista del CGPJ; mientras que el tercero, el magistrado José Manuel Fernández, se enmarca en el conservador.
Su informe advierte de que el Código Penal vigente ya ve punible todo acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento del sujeto pasivo y considera “innecesaria” la definición que se hace en el anteproyecto diseñado por Igualdad. Según éste, “se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto”.
El problema, alertan los vocales, no es conceptual, sino de prueba. “Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia”, advierten. Además, a su juicio, no se evitará la denominada “victimización secundaria”, ya que los interrogatorios girarán sobre el modo en que la víctima suele prestar su consentimiento sexual, para determinar que en el caso en cuestión lo hubo.
En el anteproyecto se opta también por eliminar el delito de abuso sexual y crear una categoría única de agresión sexual para evitar que se considere abuso una violación en la que no se logra probar la existencia de violencia o intimidación, como en las primeras sentencias de la Manada. Pero los ponentes advierten de que ese cambio puede derivar en desprotección a las víctimas, ya que no tendrá mayores consecuencias emplear en la comisión de un delito un medio más lesivo que otro.