Superávit en las autonomías
● La llegada masiva de recursos a las comunidades autónomas a lo largo de 2020 ha sido un acontecimiento tan extraordinario como su motivación, la pandemia del Covid-19
NO corren tiempos normales. Después de arrastrarnos a lo largo de 2020, con una histórica caída del PIB del 11%, las comunidades autónomas (CCAA) llegaron a finales de año con un superávit de más de 3.200 millones de euros (datos hasta noviembre). No han faltado dirigentes autonómicos que atribuyen el mérito a su eficiente gestión o, incluso, a las bajadas de impuestos. No corren tiempos normales, pero tampoco hay que abusar de nuestra credulidad ciudadana.
Por plantearlo en una frase: semejante superávit es, en efecto, una anormalidad, lo que no impide exponer sus principales causas ni, por supuesto, advertir de sus consecuencias futuras. El origen de este multimillonario superávit, que posiblemente se mantendrá cuando se cierren los datos de diciembre, reside en la extraordina
La entregas a cuenta y el Fondo Covid-19 explican el superávit por exceso de ingresos
La abundancia de recursos y la ausencia de reglas fiscales puede ser un cóctel explosivo
ria afluencia de recursos enviados desde el Estado. Las vías han sido principalmente dos. Una, a través de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Estos anticipos, calculados a principios de año sobre la base de un crecimiento del PIB, no fueron actualizados conforme avanzábamos en la pandemia y se han mantenido como si nada hubiese ocurrido. A ello se añade el que, también en el contexto del sistema de financiación, las CCAA recibieron en verano la liquidación correspondiente a 2018: casi 11.000 millones de euros, una cifra récord en la historia del sistema.
La segunda fuente de ingresos procede del llamado Fondo Covid-19, que repartió 16.000 millones de euros para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia. Ya en estas mismas páginas advertí en junio de que, siendo una medida necesaria, adolecía de errores de diseño y su cuantía era excesiva. Por situarla en el contexto de los gastos asociados al Covid-19: hasta noviembre, las CCAA habían acreditado un gasto socio-sanitario relacionado con la pandemia por valor de 7.000 millones de euros. Muy lejos de los 16.000 millones de euros concedidos.
Ha habido, no obstante, cinco autonomías que han presentado déficit. Pero son la excepción que confirma la regla. Dos de ellas son las forales, que no reciben recursos del sistema de financiación autonómica y tampoco de uno de los tramos del mencionado Fondo Covid-19. Ello les ha impedido participar con la misma alegría en la lluvia de dinero, si bien es cierto que su ventajoso sistema de financiación les aliviará más pronto que tarde las estrecheces.
Las otras tres (Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla-La Mancha) sufren una infrafinanciación crónica en términos comparativos, amén de otros problemas financieros de cierta inercia. Nada nuevo bajo el sol.
Expuestas las razones del superávit autonómico, puede ser interesante valorar esta situación, al tiempo que atisbar posibles consecuencias a futuro. En primer lugar, debe apreciarse una clara voluntad política por trasladar el impacto financiero inmediato de la pandemia desde las CCAA a las arcas del Estado. Esta decisión cuenta con un doble respaldo: el Estado se encuentra en mejores condiciones para conseguir financiación en los mercados de deuda y estas ayudas millonarias pueden evitar rescates futuros de haciendas autonómicas, en los que la iniciativa del Estado podría ir por detrás de los acontecimientos. Así que mejor ahora que luego tarde y mal.
En segundo lugar, siendo medidas necesarias e incluso justificadas a modo de “anticipo de rescate”, no se han encontrado correctamente calibradas en su magnitud. En consecuencia, el año que viene habrá que devolver el exceso de entregas a cuenta recibido por las CCAA sobre la recaudación real de los impuestos compartidos. Afortunadamente, no se esperan devoluciones del calibre de las de 2008 y 2009, que todavía se están pagando fraccionadas. Ello es debido a un mejor comportamiento de lo esperado en impuestos como el IRPF. Y antes de que nadie se abandone a la propaganda política y lo vincule a la reducción del impuesto de sucesiones, que valore, entre otras cosas, el efecto de los ERTE en términos de sostenimiento de las rentas salariales sobre esa resistencia de la recaudación por IRPF.
Por último, las consejerías de Hacienda deben ser conscientes de que la mezcla de abundantes recursos incondicionados y la ausencia de reglas fiscales puede convertirse en un cóctel explosivo a medio plazo. Imaginen a las consejerías de gasto tomando posiciones para participar de unos recursos que, en gran medida, han llegado a coste cero y sin condicionalidad alguna. En este sentido, ya valoré en estas mismas páginas ( ¿Sin reglas fisca
les?, 17 de octubre de 2020) lo que suponía dinamitar el marco de gobernanza fiscal de nuestro país, apuntando además que podía haberse hecho de un modo más alineado con las decisiones europeas y nuestra propia legislación. Pero la realidad es la que es y a eso tenemos que atenernos. Y en este contexto, resistir las presiones para no dedicar recursos extraordinarios y coyunturales a cubrir gastos estructurales y permanentes se adivina como de vital importancia.
En definitiva, la llegada masiva de recursos a las CCAA a lo largo de 2020 ha sido un acontecimiento tan extraordinario como su motivación. Su cuantía explica los superávits registrados. Y como no se prevé que el grifo siga abierto con esa abundancia, y posiblemente más pronto que tarde se empiece a pensar en cómo afrontar la consolidación fiscal cuando la recuperación se afiance, hay que estar preparado para ello. La estrategia de salida debe empezar a diseñarse ya, reconduciendo los f lujos de ingresos y gastos públicos entre niveles de gobierno hacia una senda de sostenibilidad a medio plazo.