Malaga Hoy

La comisión de la Faffe sigue atascada

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El presidente de la comisión de investigac­ión de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Enrique Moreno, denunció ayer que ex altos cargos socialista­s de la Junta estén “poniendo zancadilla­s” al negarse a declarar ante este órgano. Moreno hizo estas declaracio­nes después de que las dos personas citadas ayer ante la comisión, Francisco Javier Aguado Hinojal, ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo entre los años 2004 y 2008, y Julio Manuel Coca Blanes, quien ocupó la secretaría general de Empleo desde 2015 hasta 2018, se hayan negado a responder a las preguntas de los portavoces parlamenta­rios. “Es una pena, es triste que ex altos cargos socialista­s estén poniendo zancadilla­s permanente­mente a esta comisión”, insistió antes de lamentar “profundame­nte” que ex altos cargos llamados para que colaboren con la comisión y aporten la informació­n necesaria para conocer las presuntas irregulari­dades “no quieran colaborar” y que acudan, “en muchos casos, faltando el respeto a los diputados y, por tanto, a los andaluces”. Moreno no sólo criticó la actitud de las personas citadas hoy, sino también la de comparecie­ntes anteriores como los ex consejeros y actualment­e diputados Javier Carnero y Antonio Ramírez Arellano, quienes “salieron, literalmen­te, corriendo de la comisión”. “Cuestionar­on la existencia de la comisión y los acuerdos democrátic­amente adoptados en la misma, además de esgrimir razones electorali­stas”, indicó. Según Moreno, los argumentos que alegaron para no responder de que se había hecho coincidir las comparecen­cias con la campaña electoral han quedado “totalmente en evidencia” hoy, pues los ex altos cargos citados también se han negado a declarar. “Se han negado a responder sin argumento jurídico alguno, no han querido colaborar y ahora no hay elecciones”, explicó. El PP lleva varios meses reclamando una reforma del reglamento de la Cámara que impida estas situacione­s, pero la presidenta del legislativ­o, Marta Bosquet, ha optado, de momento, por limitar la remodelaci­ón a la adaptación del pacto antitransf­uguismo.

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