La Fiscalía alerta de que el odio en las redes se está “viralizando”
● La fiscal del área echa en falta que se luche más por prestigiar la Justicia
Desenmascarar los discursos de odio en las redes sociales, donde se están “viralizando a niveles muy preocupantes”, es uno de los propósitos que persigue la Fiscalía de Málaga, que viene detectando un incremento progresivo de estos ilícitos. Cada vez “se denuncia más”. Pero, ¿qué papel juegan las plataformas? ¿Queda impune esa discriminación vertida a causa de la supuesta dificultad de identificar a los autores amparados en el anonimato que les brinda internet? La fiscal coordinadora del servicio de Delitos de Odio y contra la Discriminación de la Fiscalía Provincial de Málaga, María Teresa Verdugo, defiende en una entrevista con este periódico que la “sensación de impunidad” que dichos actos generan “a veces es falsa”, y recalca que España cuenta con una Policía “muy bien formada”, además de “expertos en delitos cibernéticos capaces de detectar quién está detrás” de los comentarios hirientes.
Aunque, en palabras de la fiscal, pueda parecer un “problema” localizar al cibernauta, es “más fácil de lo que se piensa”. Asimismo, recalca el peligro de que un tuit de carácter lesivo “llegue a miles de personas”, pese a que, a priori, el emisor “no tenga muchos seguidores”. La intención del autor, en palabras de Verdugo, no suele ser otra que “generar una opinión pública falseada, basándose en informaciones que no son ciertas, para crear un clima de hostilidad hacia determinados colectivos”. Y ello, apostilla la portavoz del ministerio público, “puede poner en peligro la convivencia”. “Encontramos muchas denuncias en este sentido”, apunta.
La fiscal asegura estar detectando en las redes sociales, también como usuaria, una “polarización de las posturas y un empobrecimiento de la calidad del debate”. “Por culpa del sesgo de confirmación, cuando tenemos una opinión o creencia, aunque no esté muy fundada, tendemos a buscar perfiles y mensajes que nos lo refuercen y desechamos las críticas o informaciones que no van en línea con lo que pensamos”, sostiene la fiscal de Odios. Es así como, “en lugar de aprovechar un instrumento como internet que sería ideal para aprender y aumentar nuestros conocimientos”, los mensajes tienden a ser “escuetos, infundados y cada vez más radicales”. Y de ahí que “acabe siendo fácil pasar al insulto, a la amenaza y al discurso de odio contra todo el que se aparta de nuestra tesis”.
La responsable del área recuerda la condena a dos años de prisión que en 2017 se le impuso a un hombre por un delito de provocación al odio por publicar en Twitter mensajes “ofensivos y vejatorios” contra el colectivo árabe. En ellos expresaba su deseo de que estos fueran expulsados de España y Europa. La sentencia consideraba entonces probado que, desde finales de junio de 2015 y hasta febrero de 2016, había publicado a través de su perfil “decenas de mensajes” en los que manifestaba “de forma inequívoca su desprecio y animadversión hacia el colectivo árabe”. Los mensajes contenían descalificaciones del tipo “Islam, musulmanes, la misma mierda” o “España, para cuándo vamos a la calle a echar a todos estos musulmanes”, además de insultos como “parásitos” y “maltratadores”.
No sería la única sentencia condenatoria. “Tenemos varios casos pendientes de juicio. Está siendo nuestro principal campo de batalla”, reconoce María Teresa Verdugo, que al tiempo advierte del derecho a la libertad de expresión con el que algunos tratan de justificar su comportamiento. “Hay quien tiene la piel muy fina. Se creen con derecho a decir cualquier barbaridad pero cuando ellos se ofenden piensan que es reprochable”, precisa.
La Fiscalía, para acusar o no, tiene en cuenta en estos casos factores como “la reiteración” del mensaje, la “virulencia” del mismo o el hecho de que “afecte a la dignidad o el honor” de la persona afectada. “Intentamos unificar criterios a nivel de toda la red de fiscales delegados. Que no valga solo una expresión aislada”, sostiene la responsable de Delitos de Odio en Málaga.
Aunque asegura que el ministerio público cuenta con instrumentos suficientes para “frenar todo discurso que sea objetivamente peligroso para la convivencia y que pueda generar un clima de hostilidad”, la fiscal considera que la jurisprudencia debe proporcionar “pautas” para ref lejar “lo que está amparado por la libertad de expresión”. Y a fin de evitar lesionar este derecho fundamental, que implica poder comunicarse y expresarse libremente, ve necesaria una “ponderación” y atender “al caso concreto” dada la delicada frontera que separa del delito este derecho, un pilar básico en el ordenamiento jurídico. “Nadie discu
Aboga por una ley de igualdad de trato y que también se “reproche” el “insulto aislado”
te si un determinado tuit se ha escrito. El problema es la valoración jurídica del hecho”, detalla.
A juicio de la fiscal, es necesario “encontrar un equilibrio entre facilitar el pluralismo –para así crear una sociedad fuerte y libre– y evitar discursos que provocan odio y son un caldo cultivo para llegar a la violencia”. Durante el pasado año, se incoaron hasta tres diligencias de investigación por este tipo de ilícitos y todas ellas fueron archivadas porque, recuerda, aunque se recogían expresiones que podían ser reprochables, se trataba de “mensajes aislados, que carecían de un contenido objetiva y directamente amenazante o violento y que tampoco generaban un clima de animadversión o discriminación”. Entonces se dictaminó que estaban “amparados por el derecho a la libertad de expresión”.
La coordinadora de esta fiscalía especializada aboga por crear una “ley de igualdad de trato”, ya que, resalta, aunque el código penal “castiga todos los delitos”, hay una serie de conductas, caso del insulto aislado, que están “destipificadas” y que, no obstante, “lesionan la dignidad”.
El debate sobre cuáles son los límites de la libre capacidad de manifestar opiniones cobra aún más actualidad estos días a la luz del caso del rapero Pablo Hasél, a quien el pasado mes de enero la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión para cumplir una condena por enaltecimiento de terrorismo e injurias a la monarquía.
El músico publicó entre 2014 y 2016 a través de su perfil de Twitter más de 60 mensajes considerados ahora delictivos en los que aparecían términos como Rey, ETA y Bomba. La pena para el artista, ratificada por el Tribunal Supremo, se suma a anteriores condenas, como la que en 2014 también le impuso la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo a raíz de algunas letras de sus canciones sobre los Grapo, ETA o Terra Lliure. Aquella fue suspendida por el tribunal.
Esta semana, más de 200 artistas, entre ellos Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Javier Bardem, Fernando Trueba o Vetusta Morla, han firmado un manifiesto en el que reclamaban la liberación del rapero. Tras conocerse la orden de ingreso en prisión, el Gobierno anunció que estudiaba la posibilidad de reformar varios de los denominados delitos de expresión, como el de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el de odio, injurias a la Corona y delitos contra los sentimientos religiosos.