EL GOLPE INVISIBLE
TAN invisible que, cuando nos acercamos ya a los seis meses, ni nos hemos dado cuenta. Es natural: cuando la emergencia afecta a la propia supervivencia colectiva, las cuestiones sofisticadas de tipo constitucional se convierten en perfectamente secundarias.
La prórroga de seis meses del estado de alarma ha sido un atentado contra la Constitución: el harakiri del Congreso del pasado mes de octubre constituía una decisión ilegítima. Para entenderlo, pensemos la cuestión en un contexto distinto ¿Qué sucede si, en el momento de la investidura, el Congreso decide sobre la duración que va a tener la misma? O sea, si en vez de un mandato de cuatro años, se decide que sea por doce o por veinte. ¿Entenderemos que se trata de un golpe contra la Constitución? El Congreso no puede decidir la duración del estado de alarma porque ya lo ha decidido la Constitución: quince días, prorrogables quincenalmente de forma indefinida.
Sin embargo, paradójicamente ninguna fuerza política de la oposición ha levantado la voz ¿Por qué? Obviamente porque el bypass institucional, eliminando al Congreso de su obligado trámite de renovación quincenal, beneficia indirectamente a los partidos políticos al darles un nuevo protagonismo en el circuito de la gobernanza territorial, desde donde se decide ahora sobre la pandemia. Porque los gobiernos autonómicos están en manos de diferentes partidos que ahora se ven mejor representados en el órgano sectorial, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La lógica de las relaciones mayoría/oposición se proyecta entonces sobre el escenario disperso de la gobernanza territorial (bautizada por el Presidente con el curioso nombre de “cogobernanza”), donde todos los partidos tienen una presencia y un poder relevante. Y así las decisiones finales las adoptan los respectivos gobiernos de las comunidades mientras que los ciudadanos, permanentemente confinados, haremos mejor en guardar silencio.
Las ventajas para el Gobierno central son evidentes: después de ensayar un sistema hipercentralizado en la primavera de 2020, con sus riesgos de imputación y desgaste, el gobierno central descubre ahora que, en el nuevo escenario, ya no va a ser políticamente “responsable” de las consecuencias de la pandemia. La siniestra dinámica de la no-acción se ha hecho presente incluso en momentos tan excepcionales como los que vivimos. La responsabilidad por los fallos en la lucha contra la pandemia se imputará ahora sobre los gobiernos autonómicos, para diluirse al nivel general en el correspondiente Consejo Interterritorial.
En este contexto, las deficiencias arrastradas desde hace décadas en nuestro sistema de gobernanza territorial, la existencia de diferencias excesivas en las restricciones que cada comunidad decida libremente establecer, el déficit de actuación en áreas que superen la estrictamente territorial, todos esos inconvenientes se convierten en cuestiones secundarias porque los partidos han incrementado por fin su poder.
Y porque, mientras tanto, el gobierno central se ha liberado, como Pilatos, de sus responsabilidades directas. Y ahora, en lugar de lidiar con el negro presente, en lugar de saturarnos con agotadoras sesiones de Aló Presidente, en lugar de computar cadáveres y estrellarse contra las diversas oleadas, se puede dedicar a la más noble de las tareas: la de construir el futuro. Un futuro idílico y salvador donde, con la ayuda del maná que va a venir de Bruselas, nos sumergimos en la utopía verde y digital, la innovación y las biotecnologías. Un futuro donde el presente no es más que un lejano recuerdo porque, una vez todos vacunados, ya hemos entrado virtualmente en el escenario de la Next Generation. Innovación, sostenibilidad, energías limpias, respuestas al cambio climático, ultramodernización. He aquí el auténtico milagro: la pandemia nos ha traído el futuro, donde ya todos tendremos nuevas tecnologías, nuevo desarrollo sostenible, nuevo modelo de sociedad, nueva cultura, ¡todo nuevo!
Venir a estas alturas con el cuento de un golpe contra la Constitución no pasa de ser una pura zarandaja. Porque seguro que dentro de poco alguno de nuestros dirigentes hasta nos sorprenderá con el hallazgo de un proyecto de nueva Constitución.
Así hemos descubierto, sin darnos cuenta, un modo mucho más brillante y llevadero de enfrentarnos ante la dura realidad: en lugar de engolfarnos con virus y muertos, con crisis y desempleo, con angustias y desesperación, mejor transportarnos hacia los dulces sueños de un utópico futuro que nos llegará desde el cielo de Bruselas. Y de este modo, todos vacunados, estaremos avanzando hacia la utopía digital y sostenible. Del golpe contra la Constitución, ya sólo quedará el tenue recuerdo de su invisibilidad.
La prórroga de seis meses del estado de alarma ha sido un atentado contra la Constitución: el ‘harakiri’ del Congreso del pasado mes de octubre constituía una decisión ilegítima