Piden la pensión a una jubilada que trabajó en la pandemia
Reclaman a una doctora de Manresa los 3.000 euros que recibió mientras estaba contratada
La Seguridad Social reclama a una médica jubilada que trabajó en Atención Primaria de Manresa (Barcelona) la pasada primavera, durante la primera ola de la pandemia, que devuelva los 3.000 euros correspondientes a la pensión que recibió mientras estaba contratada. Tal como avanzaron Betevé y La Vanguardia, la Seguridad Social exige a Anna Vidal que abone el importe de parte de su prestación por jubilación al considerarla “incompatible” con el contrato.
Vidal, jubilada desde septiembre de 2019, decidió regresar al trabajo después de que la Generalitat instara a los sanitarios ya retirados a reforzar el sistema en riesgo de colapso por la pandemia. Para ello, acudió a la Fundació Althaia, entidad privada responsable de la gestión de los centros de Atención Primaria de Manresa, que le hizo un contrato laboral y la destinó a hacer seguimiento telefónico de pacientes con Covid-19. Sin embargo, la orden con la que el Ministerio de Sanidad permitió que los trabajadores sanitarios volvieran a sus puestos para ayudar en el combate contra el Covid-19 sin dejar de cobrar su pensión contemplaba únicamente los contratos estatutarios, es decir, los vinculados a centros del Institut Català de la Salut (ICS).
Debido a ello, en noviembre de 2020 le llegó una notificación en la que se le informaba que era “incompatible” el cobro de una parte de su pensión con el contrato que realizó y ahora le descuentan cada mes 400 euros hasta completar los 3.000 que le pide la Seguridad Social. Para tratar de evitarlo, ha presentado ya un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero dada la ambigüedad de la orden ministerial, no tienen claro que vayan a ganar.
De hecho, el Colegio de Médicos de Barcelona tiene constancia de otros dos profesionales jubilados en la misma situación, pero asegura que debe haber más sanitarios perjudicados puesto que la sanidad catalana depende de conciertos entre entidades públicas y privadas. La institución insta a la Administración a llevar a cabo cambios normativos para evitar que la Seguridad Social penalice a los médicos retirados que se reincorporan en pandemia.