Vuelven las visitas a las residencias después de completarse la vacunación
Salud flexibiliza las restricciones pero mantiene las medidas de prevención generales
La campaña de vacunación ha pasado ya por las residencias andaluzas. El 94% de las personas institucionalizadas, según el último informe del Ministerio de Sanidad, ya tienen las dos dosis puestas, un factor que ha propiciado que en la semana del 29 de marzo al 4 de abril, la última de la que se registran datos, no conste ningún caso positivo entre el total de 24.889 residentes. La contundencia de estos datos, que demuestran el poder protector de las defensas estimuladas por las vacunas, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía autoriza que se retomen las visitas a los centros residenciales de personas mayores y de grandes dependientes ya vacunados, así como sus salidas para, por ejemplo, pasear, si bien la Administración sanitaria insta a mantener las medidas generales de prevención y protección, tales como “la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre las personas, la higiene de manos frecuente, el uso de mascarillas quirúrgicas en todas las áreas, así como una ventilación adecuada”.
Es lo que recoge la orden de 8 de abril, de la Consejería de Salud y Familias, consultada por Europa Press, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
tactos para estar allí como en su casa. Para el regidor eran momentos de distensión hasta que, a media tarde y sin previo aviso, ordenó a sus compañeros de viaje coger el coche para regresar a Granada. Mientras, cientos de policías de la UDEF se desplazaban desde Madrid a Granada en secreto para perfilar los últimos detalles del operativo que debía coger por sorpresa a los detenidos a las 08:00 del día siguiente.
El día 13 fue largo. Para los funcionarios judiciales, la magistrada que coordinaba el operativo y los cientos de policías implicados el trabajo comenzó a las 06:00 y rozaron la medianoche aún en las dependencias de La Caleta. A los detenidos y sus familias, también les pareció eterna la jornada, que comenzó con la UDEF llamando a su puerta para el registro de sus viviendas y despachos y acabó con su puesta en libertad, pero en calidad de investigados en una causa judicial cuyos detalles desconocían por estar bajo secreto sumarial. Los telediarios mostraron aquellas imágenes de Granada para toda España. En Granada no se hablaba de otra cosa.
Aquella misma noche estaba prevista una cena de postín para conmemorar los cien años de historia de una empresa granadina de fertilizantes. Era uno de esos eventos en los que suelen coincidir políticos, empresarios e importantes cargos. Como invitados de honor estaban un consejero de la Junta y el alcalde Granada. A nadie le hubiera extrañado, ni a los
mismos organizadores, que Torres Hurtado faltara a aquella cita sólo unas horas después de su detención. Pero no. El alcalde, que el día anterior estuvo en la feria de Sevilla, esa mañana fue llevado a la sede policial como detenido, al mediodía apareció en las televisiones de todo el país y por la tarde dio una rueda de prensa en el Ayuntamiento, se cambió de corbata, recogió a su esposa y acudió al lujoso salón de celebraciones para dar su discurso y alternar con el resto de los pasmados invitados. Sobre todo al comprobar que al regidor no le faltaba nada de su habitual humor y campechanía. En el juzgado aún había luces encendidas.
Aquella noche el alcalde pretendería transmitir normalidad, pero nada era ya igual. El mismo día de la detención, Torres Hurtado aseguró que no dimitiría. “Yo casi fundé el PP”, dijo el granadino, que culpó a la Policía de no haber podido hablar a esas alturas del día con Mariano Rajoy, porque lo habían dejado “incomunicado”. Se refería a la retirada del móvil en el registro. Pero para esos momentos, el alcalde ya había sido el único punto a tratar en muchas reuniones; en Granada, donde Ciudadanos decidió romper el pacto de gobierno; en la sede madrileña de Génova, para la inmediata suspensión de militancia, y hasta en el Senado, que ese día tenía pleno y entonces asistía el dirigente andaluz Juan Manuel Moreno. La secretaria general del PP-A, Loles López, salió esa tarde desde Sevilla para pedir la dimisión de Torres Hurtado y establecer un cordón sanitario.
El problema es que el alcalde no estaba dispuesto a irse para dejar el sillón que había ocupado durante 13 años al presidente provincial de su partido, Sebastián Pérez. Y ahí es donde se produjo un movimiento político más inesperado, porque el PP satisfizo la exigencia de Torres Hurtado y propició la dimisión de ambos, anunciada el mismo día en lugares separados. Pérez lo acató y tuvo que esperar a 2019 para ser candidato a la Alcaldía de Granada, pero su partido volvió a dejarlo fuera de la ecuación y firmó un pacto que daba el bastón de mando a Luis Salvador (Cs)… Pero esa es otra historia con final abierto.
En el caso Nazarí, la noticia ahora es que se cumplen cinco años desde aquel día de abril que una jueza de instrucción de Granada señaló en el calendario para hacer estallar una investigación secreta que llevaba en curso desde finales del año anterior. En coordinación con la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo y la UDEF, investigaban la supuesta existencia en Granada de una “trama criminal” de políticos, empresarios y altos cargos de Urbanismo. El objeto de la causa no era un solo asunto, sino un puñado de expedientes urbanísticos que a juicio de los investigadores seguían un patrón común basado en eludir la normativa y permitir favoritismos.
Aunque en los tres primeros años de investigación la causa ha estado unida bajo un tronco común, una vez concluidas las diligencias sobre el patrimonio de los investigados, la jueza dividió el caso Nazarí en ocho piezas que han llevado caminos diferentes. Hay dos expedientes archivados por prescripción de los posibles delitos y por considerarse cosa juzgada. Otras dos piezas han avanzado ya hacia la preparación del juicio oral. La del Registrador dependerá del Tribunal Supremo, porque la Audiencia de Granada ha ordenado el archivo anticipado. Y lo siguiente será el juicio en un juzgado de lo Penal por
La macrocausa fue dividida en ocho piezas separadas con caminos diferentes
La Audiencia Nacional investiga ahora el caso Mulhacén, considerado clave
las licencias obtenidas para la construcción del céntrico edificio donde el ex alcalde y la entonces concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, tienen sus viviendas.
El resto de los asuntos urbanísticos, separados ahora en piezas independientes, siguen su tramitación con nuevas diligencias, cuya fecha límite fue 2020, pero el estado de alarma ha paralizado los plazos procesales, que se extienden un año más. En este intervalo también se ha celebrado el primer juicio contra Torres Hurtado, anterior al caso Nazarí, por la discoteca del Serrallo, donde ha salido absuelto, aunque fueron condenados la concejal de Urbanismo, un alto cargo y el empresario de la construcción.
La pieza clave del caso Nazarí es el Mulhacén, un pabellón encargado al empresario García Arrabal sobre suelo municipal de uso deportivo donde luego se hicieron también una serie de locales para restaurantes. Además, la investigación sobre éste y otros proyectos del mismo empresario en Granada con el apoyo financiero del antiguo Banco Popular sacó a la luz una movimientos con sociedades pantalla de Luxemburgo que ahora investigan en otra causa la Audiencia Nacional.
agencia IDEA, que representan los intereses de la Junta, habían apreciado delito alguno en la concesión de esta ayuda, por lo que solicitaban el archivo.
El PP de Juanma Moreno, por su parte, insistía en que hubiera juicio y reclamaba una condena de seis años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos y diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, y dos años y seis meses de cárcel y seis años de inhabilitación por los mismos delitos para Marcelino Almansa, socio fundador y adcel para los dos procesados por estas ayudas.
“No puede olvidarse que, como destacó en su informe en la vista el fiscal, la acusación popular en este proceso la ejerce un partido político que ostenta el gobierno de la supuesta perjudicada, la Junta de Andalucía, cuyos intereses están defendidos por las dos acusaciones particulares que no han apreciado la comisión de delito alguno”, señalaba el auto de archivo dictado por el presidente de la Sección Séptima, el magistrado Javier González.
El tribunal ha aplicado a este caso, como solicitaban todas las la acción popular, la acción penal debe limitarse.
Analizando este caso a la vista de esta doctrina, la Sala concluye la “falta de legitimación” del PP para sostener la acusación, por cuanto no aprecia, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “intereses supraindivitempla la prohibición de que las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos ejerzan la acción popular–, que esté actuando en “virtud de un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente”.
La clave está en que, además de la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que descarta la existencia de delitos en esta pieza separada, la propia empresa de capital riesgo andaluza Invercaria “no se siente perjudicada”, y si el perjudicado no reclama, el PP no está legitimado para ello, de prolongado incluso con la llegada del Gobierno del cambio.
De momento, lo que la Sala ha conseguido es evitar la celebración de un juicio que tendría diversas sesiones y aliviar, aunque sea mínimamente, la situación de colapso de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla, que están sobrecargadas de trabajo con las más de un centenar de macrocausas que están recibiendo y las que todavía quedan por llegar en los próximos años. La decisión de la Audiencia sobre la pieza de Kandor Graphics podría ser recurrida por el PP en casación ante el Tribunal Supremo.
El auto de la Audiencia sienta un precedente importante en las macrocausas