Varapalo al PP por mantener la esquizofrenia en Invercaria
UN auténtico varapalo para la acusación popular que ejerce el PP en la macrocausa de Invercaria. La Audiencia de Sevilla ha archivado una de las piezas de Invercaria, la relativa a unas ayudas de 1.498.000 euros a la productora Kandor Graphics para la realización de una película de animación, donde el PP se había quedado solo en la acusación. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni las acusaciones particulares que ejercen la propia Invercaria y la ministrador solidario y presidente de Kandor Graphics.
Sin embargo, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha acabado con lo que el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto calificó como una situación de “esquizofrenia jurídica”, por cuanto las acusaciones particulares que representan a la Junta de Andalucía exigían el archivo mientras que el PP, partido que lidera el Gobierno andaluz, apreciaba la existencia de delitos y solicitaba esas condenas de cárpartes salvo los populares, la denominada Doctrina Botín, según la cual cuando el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan el archivo y únicamente se ejercita la acusación por parte de duales dignos de protección y no susceptibles de defensa particular” que justifiquen la intervención del PP como acusación popular en este proceso.
La Audiencia tampoco aprecia en este sentido un “interés general digno de protección que no haya sido defendido por quienes ostentan la acción pública y particular”. Y en último lugar, la Sala considera que el PP no ha acreditado, de la forma que establece el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal –que conacuerdo con el razonamiento de la Sala.
El auto de la Audiencia sienta un precedente importante en la instrucción de las macrocausas y, evidentemente, puede afectar a otros macroprocesos en los que se mantiene esa “esquizofrenia” jurídica entre la Junta de Andalucía y el PP, como ocurre en el caso de los ERE, donde el gabinete jurídico de la Junta mantiene unos criterios homogéneos desde las anteriores etapas de los gobiernos socialistas y que se ha
La Sala no ve un “interés general digno que no haya sido defendido” por el fiscal y la Junta