La inacción con el estado de alarma distancia al Gobierno de sus socios
● ERC, Bildu, PDeCat, Compromís y Más País se plantean apoyar el plan jurídico alternativo que pergeña el Partido Popular
¿Qué pasará a partir del 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma aprobado por el Congreso a principios de noviembre de 2020? Nadie aún lo sabe. El Gobierno insiste, erre que erre, que no dilatará más esta situación excepcional, aunque algunos apuntan a que Pedro Sánchez no moverá ficha hasta que pasen las elecciones en Madrid el 4 de mayo, cinco días antes de que suene la campana.
De hecho, el Ejecutivo mantuvo ayer su postura de no prorrogar el estado de alarma y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, reiteró en la Cámara Baja que hay instrumentos que permiten a las comunidades hacer frente a la situación sin esa figura: “No puede ser permanente”.
Esa decisión deja a las comunidades autónomas en manos de los tribunales superiores, que serán los que deberán refrendar sus medidas para frenar los contagios, una posición que desagrada a muchos de los socios parlamentarios de Sánchez.
El presidente del PP, Pablo Casado, mostró su satisfacción por que “cada vez más grupos apoyan el plan B frente al estado de alarma perpetuo que pretendía Sánchez”, e insistió su propuesta para aprobar una alternativa jurídica en un plazo de 15 días. El líder de la oposición aseguró que en dos semana se puede aprobar una legislación contra la pandemia, para no tener que recurrir a la “excepcionalidad constitucional” que implica el estado de alarma y tampoco “dejar abandonadas a las comunidades autónomas”.
Casado consideró un “varapalo” para el Ejecutivo que algunos socios del Ejecutivo estén dispuestos a apoyar el plan B jurídico que el PP volvió a registrar en el Congreso, y que “añade dos párrafos” a la ley de Salud Pública para dar seguridad jurídica a las restricciones para impedir contagios de coronavirus. En una tramitación de urgencia y de lectura única esta alternativa podría estar aprobada en 15 días, recalcó Casado. Fuentes del PP aclaran que se podría aprobar la reforma el 14 de mayo, siempre y cuando el Gobierno facilitase el debate, pues el PP no tiene cupo legislativo en el próximo pleno, que se pospone dos semanas debido a las elecciones madrileñas.
El PP se ha puesto ya en contacto con otros grupos en el Congreso para trasladarles su alternativa jurídica y mantendrá reuniones con ellos. El pasado martes, varios socios del Gobierno como ERC pero también Bildu, PDeCAT, Compromís y Más País abrieron la puerta a tramitar la iniciativa legislativa del PP.
Paralelamente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró ayer en Jaén que su Gobierno buscará el “respaldo judicial” a las decisiones que pueda tomar a partir del 9 de mayo si decae el actual estado de alarma, adelantándolas al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de modo que pueda hacer recomendaciones desde el punto de vista jurídico.
Mientras, el vicelehendari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, afirmó que sigue “con la esperanza puesta” en que se pueda prorrogar el estado de alarma más allá del 9-M y, en este sentido, esperó que, “una vez salvado el obstáculo electoral madrileño”, se pueda “retomar el asunto”.
Moreno buscará el “respaldo judicial” en el TSJA si decae el 9-M el estado de alarma