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La Junta admite que negocia con Boliden los costes del vertido tóxico

● La limpieza costó 89 millones ● La empresa exige que en el acuerdo entren 43,7 millones de multa que debe al Estado, que se niega

- R. P.

La Junta negocia desde hace años un acuerdo con la empresa Boliden para el pago de los costes de la limpieza de la zona afectada por la rotura de la balsa de residuos tóxicos de la mina de Aznalcólla­r, en 1998, según confirmó ayer el presidente, Juanma Moreno, quien espera tenerlo cerrado “en menos de un año”. Esa limpieza costó 89 millones de euros. Una de las dificultad­es está en que la empresa sueca exige hacerlo también con el Estado, al que debe pagar más de 43 millones de euros de multa por una sentencia que ya es firme, pero que no ha abona

El Gobierno central cree que la empresa intenta diluir la responsabi­lidad por el “gran desastre”

do porque su filial española se declaró en quiebra. El Gobierno central se negaría a esa negociació­n.

“No tenemos ahora mismo ninguna fecha límite. Estamos emplazados, lo razonable, lo sensato, sería que fuera lo antes posible. A nosotros nos gustaría que en menos de un año se llegara a un acuerdo. No podemos estar permanente­mente negociando”, declaró Moreno, tras ser preguntado por una informació­n que adelantó el diario El País.

En Atarfe (Granada), el jefe del Ejecutivo autonómico admitió la negociació­n, que ya inició la anterior administra­ción socialista y explicó que son los propios poderes judiciales los que han emplazado a las partes a llegar a un “acuerdo amistoso”. “El problema es que una de las partes de la administra­ción, el Estado, considera que no tiene que llegar a un acuerdo puesto que ha habido sentencia”, añadió.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfic­o, Teresa Ribera, que ayer estuvo en Sevilla, destacó que respeta que la Junta impulse una solución extrajudic­ial, pero que el Estado no renunciará a lo que ya tiene reconocido por sentencia por el desastre de Aznalcólla­r.

Moreno dijo que la pretensión es llegar a un acuerdo que pudiera ser satisfacto­rio para las partes y para el “objetivo fundamenta­l” de recuperar toda la zona degradada como consecuenc­ia de la actividad minera en esa zona.

La Junta negocia en secreto desde 2016 con la minera Boliden, cuyas maniobras habrían permitido a esta multinacio­nal evitar durante 23 años el pago por la limpieza de lodos tóxicos.

La Junta ha ordenado a sus servicios jurídicos que comuniquen al juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla que ambas partes persiguen una solución extrajudic­ial de la controvers­ia. La multinacio­nal reclama negociar a la vez con la Junta y el Gobierno, algo que rechaza el Ministerio porque ya se impuso una multa de 43 millones a la empresa que fue confirmada por el Tribunal Supremo. “Es muy importante identifica­r lo que han dicho los tribunales y tener claro cuales son las responsabi­lidades de esta empresa”, recalcó Ribera.

Así, recordó que los tribunales “tienen reconocida una deuda en contra de Boliden que debe resarcir por los gastos en los que han incurrido las administra­ciones por la limpieza y restauraci­ón de la zona” tras aquel “gran desastre”. Apuntó, en este sentido, que “es posible que la empresa tenga intención de diluir esa responsabi­lidad repartiend­o aquello que ya tiene considerad­o como algo que ha de aportar en lo que debe a las dos administra­ciones”.

Por lo demás, señaló que “como suele ocurrir en medio ambiente, más vale invertir en prevención que no tener que sufragar los costes de restauraci­ón, que son enormement­e perversos desde el punto de vista ecológico pero también ambientale­s”.

Esas negociacio­nes arrancaron el 21 de julio de 2016 y estarían en punto muerto desde hace un año. No obstante, la Junta ordena periódicam­ente a los servicios jurídicos que comuniquen al juzgado de Primera Instancia e Instrucció­n número 11 de Sevilla que ambas partes persiguen una solución extrajudic­ial, lo que sigue retrasando de facto el juicio.

 ?? EMILIO MORENATTI / EFE ?? Un operario de Medio Ambiente camina sobre los lodos tóxicos tras el vertido de 1998.
EMILIO MORENATTI / EFE Un operario de Medio Ambiente camina sobre los lodos tóxicos tras el vertido de 1998.

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