Sanidad delega en las comunidades la salida del estado de alarma
● Darias insiste en que las autonomías tienen “recursos suficientes para mantener el virus a raya” ● Inquietud de varios líderes regionales por entender que Sánchez se lava las manos
Las comunidades esperaban encontrar ayer en la reunión del Consejo Interterritorial una respuesta del Ministerio de Sanidad para afrontar el fin del estado de alarma el próximo domingo. Pero el Gobierno se aferró al decreto-ley de medidas urgentes aprobado el martes, con el que se ha creado un recurso de casación que permitirá tanto a las comunidades como a la autoridad estatal recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) cuando los tribunales superiores de Justicia (TSJ) y la Audiencia Nacional, respectivamente, se nieguen a ratificar las medidas restrictivas adoptadas en materia sanitaria para luchar contra el coronavirus.
La ministra Carolina Darias se limitó a recordar ayer que “el estado de alarma está previsto para situaciones excepcionales, no para permanecer en el tiempo”, y recordó que “con el real decreto aprobado las comunidades tienen instrumentos suficientes para adoptar medidas, y saben cuáles son las medidas que son eficaces para reducir los contagios y para seguir manteniendo el virus a raya”, añadiendo que muchas de ellas ya están rebajando las medidas debido a la situación epidemiológica.
Ésta fue la última reunión del Ministerio de Sanidad y las autonomías en este estado de alarma, decretado el 25 de octubre y que expirará el domingo, y una de las más esperadas por las comunidades, que llevaban días esperando el criterio del departamento de Darias sobre las medidas que podrán tomar ahora para evitar que la relajación de las restricciones implique un aumento de contagios cuando el proceso de vacunación no está lo suficientemente avanzado.
Un importante número de comunidades se posicionaron en contra del decreto que está preparando el Gobierno de Pedro Sánchez para el fin del estado de alarma y con el que el TS tendrá cinco días para resolver sobre las medidas adoptadas por las autonomías. “Trasladan la responsabilidad a los jueces”, proclaman regiones como Cataluña, una idea con la que coinciden varios presidentes autonómicos, que acusan al Ejecutivo central de “judicializar” este asunto. En concreto, las autonomías gobernadas por el PP, además de Cantabria, País Vasco y Cataluña, criticaron que el Ejecutivo se exima de sus responsabilidades asegurando que estas decisiones no corresponden a los tribunales. No obstante, otras lideradas por el PSOE, como Extremadura, sí que consideró acertada la decisión de unificar doctrina.
Cataluña, Andalucía y Castilla y León ya anunciaron que no mantendrán el toque de queda nocturno tras el 9-M. Otras como Navarra, Castilla-La Mancha o Baleares sí plantean mantener el actual toque de queda, también la Comunidad Valenciana que, en su caso, estudia una limitación horaria más reducida. Mientras, el País Vasco ultima un decreto que podría tener un horizonte de aplicación de cuatro o seis semanas.
El lehendakari, Íñigo Urkullu, no quiso aventurar nada de su contenido y dijo que hasta mañana continuarán en un proceso de “análisis permanente” tanto de la evolución de la pandemia como de las restricciones que planteen otras comunidades. No obstante, la Fiscalía Superior del País Vasco expresó ayer su rechazo a la posibilidad de que Euskadi mantenga el cierre perimetral y el toque de queda. En su informe, la Fiscalía considera que no es posible limitar derechos constitucionales como la libre circulación sin la cobertura del estado de alarma.
También el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares se ha pronunciado a una petición del Govern sobre varias medidas sanitarias, entre ellas el mantenimiento del toque de queda.
La Generalitat catalana ya hizo llegar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la propuesta de restricciones por el Covid19 para la semana que viene, para que valide aquellos aspectos que afecten a derechos fundamentales.
La Fiscalía del País Vasco rechazó mantener el toque de queda y el cierre perimetral