El TSJA alerta del impacto de que se suspendan tres de cada diez juicios
● La jurisdicción social aplaza más de la mitad de las sesiones en la provincia, el mayor porcentaje de Andalucía junto con Almería
Las suspensiones de los juicios constituyen “una grave disfunción” comentada año tras año en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El 34% de los pleitos señalados en los juzgados de la provincia de Málaga en 2021 –última actualización de Alto Tribunal– fueron aplazados. Aunque la situación que presentan los juzgados revela una tónica de descenso en los dos últimos años del porcentaje de suspensiones, sobre todo, tras la obligada inactividad como consecuencia del decreto del Estado de Alarma por la pandemia de la Covid-19, la jurisdicción social continúa suspendiendo más de la mitad de los juicios, con un 58%, convirtiéndose en la provincia con un mayor porcentaje de suspensiones sociales junto con Almería (63%). A continuación, es la jurisdicción contencioso-administrativa la que más asuntos suspende (29%), seguida de la penal (26%).
De esta manera, las suspensiones de juicios y vistas afecta a la pendencia de causas, pues conlleva que el hueco del señalamiento que estaba previsto para ese día no puede cubrirse sobre la marcha con la inclusión de otro juicio o señalamiento, con el consiguiente perjuicio para la buena eficiencia del servicio público, destaca el informe del TSJA.
Durante el año pasado, en Andalucía, de los 323.135 señalamientos de juicios y vistas, se celebraron 237.117 y se aplazaron o se suspendieron otros 96.928, es decir, el 30 % de los pleitos señalados en 2022 se suspendió o, lo que es lo mismo, tres cada diez.
La provincia de Almería ha incrementado ligeramente su porcentaje de suspensiones y se ha convertido en la que más juicios deja sin celebrar, un 35 % con especial protagonismo en materia social y civil. En la media del 30% de suspensiones se sitúan Cádiz, que iguala sus registros de 2021, y Córdoba, que también mantiene los porcentajes del año anterior aunque reduce las suspensiones en la jurisdicción contenciosa.
En Sevilla, ha descendido el porcentaje de suspensiones en todas las jurisdicciones, excepto la social, hasta alcanzar una media global que asciende a un 29%. En Granada, el porcentaje de suspensiones total se mantiene en un 28 %, aunque aumenta ligeramente en civil, penal y social; el mismo porcentaje de los juzgados onubenses, que han reducido en número de suspensiones en todas las jurisdicciones. Por su parte, Jaén fue durante 2022 la provincia con un menor porcentaje de suspensiones, que han descendido en el último año hasta el 22%.
En la memoria también se expone que, aparte de lo expuesto, durante 2023 habrá que evaluar el impacto de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, ya que será “necesario adoptar medidas de cara a la regularización de la situación generada por dicha huelga” como consecuencia de la “importante repercusión y suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales”.
Solo en la provincia de Málaga, 6.070 juicios y vistas fueron suspendidos, así como otros 3.220 procedimientos. Poco más de siete millones de euros también fueron paralizados en las cuentas de consignaciones de los tribunales paralizando embargos, desahucios y remociones de depósitos, entre otras actuaciones. En definitiva, una barbaridad de trabajo acumulado que se suma a la saturación endémica de los órganos judiciales. A esto se suma que el pasado 17 de abril arrancó un nuevo paro indefinido de funcionarios de Justicia. Aunque no hay una estimación de las actuaciones suspendidas desde el inicio del paro, se calcula que la paralización de su actividad este haciendo más daño que la inactividad de los secretarios judiciales, pues solo en la provincia el número de estos trabajadores ronda los 1.800. Asimismo, a partir del 16 de mayo, la amenaza de nuevos paros acecha a la administración de Justicia. Las principales asociaciones de jueces y fiscales han anunciado la intención de convocar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, lo que provocaría “un agujero enorme”. Si bien, el Ministerio de Justicia presentó ayer una propuesta en la que les ofrece un paquete de unos 44 millones para mejorar sus retribuciones.
Alerta del impacto del paro de los Letrados de la Administración de Justicia