La huelga deja sin lanzamiento las cocinas del hotel Guadalpín Banús
● La comisión judicial encargada de ejecutar el desalojo no acudió a las instalaciones
El lanzamiento previsto para ayer de las cocinas y otras zonas comunes del hotel de cinco estrellas Guadalpín Banús, localizado en Marbella, ha quedado suspendido a causa de la “huelga de funcionarios” de la Administración de Justicia, motivo por el cual la comisión judicial encargada de ejecutar el desalojo no acudió a las instalaciones hoteleras, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Así, desde el alto tribunal andaluz señalan que, por el momento, “no hay fecha prevista” para ejecutar la “entrega de la propiedad” al demandante, la cual estaba prevista para ayer, según dictó el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, y deriva de una demanda interpuesta por uno de los múltiples propietarios del edificio, que es explotado por una empresa.
El representante legal de los trabajadores, Francisco Reina, celebró que los funcionarios de Justicia se hayan acogido a “su derecho de huelga”, lo que permitirá que se abra “un marco de posibilidades legales” y “un margen de tiempo donde pueda tener cabida la negociación que desemboque en una solución pactada o negociada que garantice la continuidad del servicio” y que “el fantasma del cierre se disipe”. En el marco del procedimiento, el letrado entiende que “el bien jurídico a proteger en este momento es el mantenimiento de los puestos de trabajo”, lo que no implica que “los legítimos propietarios puedan seguir ejerciendo ese derecho y recabando el auxilio de la Administración de Justicia” para adquirir la posesión, pero “eso no está claro y debe prevalecer ese interés de casi 200 familias”, por lo que solicita al juzgado la posibilidad de negociar.
La resolución del Mercantil “pasa por efectuar un lanzamiento de unas infraestructuras que conforman el conjunto del complejo hotelero”, afectando a elementos esenciales para el buen funcionamiento del hotel como las cocinas y las terrazas, valorando que de llevarse a efecto “supondría irremediablemente si no el cierre de la instalación hotelera, un contratiempo importante para el mantenimiento de los casi 200 empleos”.
La orden de lanzamiento deriva de la demanda interpuesta por unos nuevos propietarios que “reclamaban la posesión de unos bienes que teóricamente son suyos”, remarcando que “hay importantes discrepancias respecto a esa titularidad”, la cual ya fue paralizada en noviembre de 2021 y el desalojo estaba previsto para ayer. Por ello, los trabajadores se concentraron contra la orden de desalojo, que finalmente no se ha ejecutado.
Por otro lado, el letrado recordó que existe un procedimiento judicial paralelo en torno a la definición de los linderos en la finca, puesto que hay varios particulares, empresas, bancos y fondos de inversión que tienen propiedades en la misma, el cual se dirime en los juzgados para “determinar con exactitud y con rigor los límites de la propiedad y además aclarar determinadas cuestiones como aquellas que hacen referencia a espacios comunes”.
“Estamos inmersos en procedimientos judiciales que desgraciadamente deberían estar coordinados, y que pueden producir daños irreparables”, refirió Reina, quien apostó por resolver ciertas cuestiones en torno a “qué legitimidad tienen respecto a reclamar lo que se reclama”. En este punto, aseguró que “hay documentación que no coincide con lo que el Registrador ha expedido en concepto de certificado registral”.
Por su parte, el secretario de Organización de CGT en Andalucía, el Miguel Montenegro, calificó la situación del establecimiento como “un verdadero atentado social por intereses propios del capital”, por lo que apeló a que “las partes en conflicto por la propiedad lleguen a un buen entendimiento, sobre todo por salvaguardar estos 200 puestos de trabajo”.
“Desde CGT vamos a estar vigilantes y vamos a ser muy beligerantes con que se puedan perder 200 puestos de trabajo”, aseveró el sindicalista, quien solicitó que “el hotel siga prestando su servicio tal cual” ya que el cierre de las cocinas o de las terrazas “afectaría seguramente a la totalidad” y “se le caerían las estrellas” al establecimiento turístico.
La secretaria de Servicios de CCOO, Lola Villalba, destacó que “es imposible que un hotel de cinco estrellas pueda dar un servicio que no lleve aparejado ni la restauración ni las terrazas”, recordando que “la propia Ley de Turismo no permite un cinco estrellas sin dar servicio de comedor”.
La sindicalista expresó no entender “cómo es posible que se venda una propiedad que no se ponga a disposición de la explotadora”, al señalar que el establecimiento “un apartahotel, no un hotel al uso, y por lo tanto, hay una obligatoriedad por parte de los compradores de poner de uso turístico las habitaciones”. Además, cuestionó “cómo se puede vender una parcela sin tener determinados los linderos”.
En este sentido, solicitó al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga que de forma previa al lanzamiento “vea claramente dónde están los linderos de la compra que ha hecho esta empresa”, al tiempo que indicó que en
Desde el alto tribunal señalan que por el momento “no hay fecha prevista”
Andalucía “el turismo es la base del trabajo de miles de personas”.
Por su parte, la presidenta del comité de empresa, Jaqueline Largacha, solicitó al Ayuntamiento de Marbella que intervenga para negociar entre las partes, así como subrayó que “esta estructura esta por los trabajadores”.
El abogado José Fernández es propietario de uno de los apartamentos, así como ejerce la representación legal de otros 10 que aglutinan “25 unidades” de las 181 habitaciones con las que cuenta el establecimiento turístico de Marbella. “Desde el principio sabíamos que no se compraba un apartamento para el disfrute del uso personal, no tiene carácter residencial, es de uso hotelero y con una división horizontal y unos estatutos donde a todos los propietarios nos obligan a someter a explotación hotelera” los inmuebles.