La última palabra sobre la torre del puerto la sigue teniendo el Consejo de Ministros
Nacho López, portavoz de Movilidad Sostenible, afirma que la decisión no es sólo jurídica
Sigue habiendo partido en la torre del puerto. El Gobierno, después de la respuesta parlamentaria conocida este lunes a razón del proyecto del hotel rascacielos en el puerto de Málaga, puntualiza y dice que el Consejo de Ministros sigue teniendo la última palabra en la luz verde final que necesita el proyecto.
Nacho López, portavoz de Movilidad Sostenible y diputado del PSOE por Málaga en el Congresos de los Diputados, explicó ayer en un mensaje en sus redes sociales que la “aprobación final no es una decisión únicamente jurídica”. Esta afirmación se da a raíz de una respuesta parlamentaria a una pregunta hecha por Sumar en la que se afirma que la tramitación urbanística está hecha conforme a la legislación vigente y que el BIC de la Farola sólo afecta a su basamento.
“Cumplir los trámites administrativos es un requisito para cualquier actuación pública. No presupone decisión. Es condición necesaria pero no suficiente”, asegura López, que recuerda que la pelota está en el tejado del Consejo de Ministros: “La decisión de permitir un hotel en zona portuaria corresponde finalmente a la Administración General del Estado, y como dice la Ley de Puertos tiene varias consideraciones: Decide el Consejo de Ministros, es algo excepcional y debe acreditarse el interés general”.
De esta manera, el último resquicio –si el BIC de la Farola, como se entiende de la respuesta parlamentaria del 9 de enero, no afecta a su apagado y sólo protege el espacio delimitado por su basamento– por el que se podría caer el proyecto de la torre del puerto es la justificación de interés general del mismo para que se levante la prohibición del uso hotelero.
Para amparar su afirmación, López se agarra al artículo 72.4 Ley de Puertos: “Excepcionalmente, por razones de interés general debidamente acreditadas y previo informe de Puertos del Estado, el Consejo de Ministros podrá levantar la prohibición de instalaciones hoteleras en espacios del dominio público portuario”.
El documento referido con la primera respuesta del Gobierno sobre el proyecto de la torre del puerto afirma que la modificación de elementos “es conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM) y demás legislación aplicable. Su tramitación y aprobación se ha realizado por la Administración competente en materia de urbanismo, en este caso, el Ayuntamiento de Málaga”.
A esto se suma el hecho de que sobre la afectación a dominio público portuario de una hipotética construcción de un hotel, “cabe señalar que esta deberá estar sujeta a la correspondiente tramitación administrativa de acuerdo con el TRLPEMM”, pero no pone ninguna traba a la misma.
En cuanto al BIC y su zona de protección, señalan que se acota “mediante una serie de coordenadas que, en este caso, coinciden con la parcela catastral del inmueble”.