Dos ancianos octogenarios vuelven a su casa siete años después de perderla
● La pareja fue desalojada por el impago de una deuda tras la “estafa” de unos prestamistas
La suya fue una maniobra de alto riesgo. Josefa y Antonio quedaron atrapados en la que consideran una trampa de los prestamistas privados a los que recurrieron para ayudar a sus hijos, cuyas empresas habían entrado en quiebra. Ahora, siete años después, los dos ancianos, una pareja de octogenarios, han recuperado la casa de Villanueva del Trabuco que habían perdido por impago de esa deuda. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona les ha dado la razón con una sentencia firme que les ha devuelto las llaves. “Las personas que conviven en la finca no están legitimadas para permanecer en ella”, reza la resolución judicial.
La vuelta al que había sido su hogar tuvo lugar ayer. Lo hicieron con sentimientos encontrados por dejar atrás una pesadilla que se ha prolongado siete años, pero con la impotencia de haber perdido sus pertenencias. “Los inquilinos se lo han llevado todo: televisiones, muebles, armarios, mesas, cortinas...Han dejado solo los armarios empotrados porque no podían con ellos”, se lamenta el propietario, que a renglón seguido lanza, a sí mismo, un mensaje de optimismo: “Lo primero era volver a nuestra casa. Ya pediremos responsabilidades”, sentencia.
Los ancianos habían suscrito un préstamo de 73.584,90 euros a devolver en un plazo de seis meses. En la contratación, la mujer aportó la escritura de su inmueble –valorado en unos 400.000– y aceptó como cláusula que se podría ejecutar la hipoteca si no afrontaba el descubierto. El matrimonio pidió asistencia legal. En palabras del abogado Armando Rodríguez, que durante estos años se ha hecho cargo del caso, “Josefa no sabe leer ni escribir”. La octogenaria contactó con unos usureros para obtener un préstamo con un tipo de interés “completamente desmesurado”. El matrimonio nunca “llegó a recibir todo el dinero”.
La operación que les dio el pasaporte al infierno se remonta al pasado 2011, dos años después de que la familia se trasladara desde Barcelona a Villanueva del Trabuco, donde tenían su finca. Su economía, que había estado centrada en el sector de la construcción, terminó desmoronándose. Los hijos eran administradores de dos sociedades que quebraron. Debían 200.000 euros, según la denuncia que los ancianos dirigieron al Juzgado.
La octogenaria decidió buscar financiación y, para ello, acudió a distintas entidades bancarias, que por su edad, relataba entonces, le denegaron. “En el pueblo le hablaron de gente que le podía ayudar. Conoció a dos prestamistas, que vinieron a hacer fotos de la casa con sus mujeres. Se les puso café y les dimos una docena de huevos de gallinas”, aseguraba entonces Antonio en una entrevista con este periódico. La condición para obtener el préstamo era tener una vivienda libre de cargas que serviría como garantía. “Le dieron dos talones de 25.000 euros cada uno y firmaron una letra de 39.000. La engañaron como a una china. Pretendían que pagara más de 73.000 euros en seis meses. ¿Cómo íbamos a tener esa cantidad? Cuando yo volví, ya estaba todo hecho”, se lamentaba.
Ante la imposibilidad de afrontar la cuantía del crédito, que reunía, según el letrado, “todos los elementos definitorios de la usura”, los demandados instaron el procedimiento de ejecución hipotecaria ante el Juzgado de Archidona y tomaron posesión de la finca. Reclamaban unos 170.000 euros, sumando ya los intereses, al 26%. “Allí teníamos todo lo de 50 años de casados, incluido una pulsera de oro que le compré a mi mujer en el 69”, detallaba Antonio.
El prestamista reclamó la ejecución del aval, y ello implicaba la subasta de la vivienda. Los ancianos se vieron en la calle. Buscaron asistencia legal. Cuando quisieron darse cuenta ya había una orden de ejecución que les obligaba a salir a las bravas en un desalojo protagonizado por la Guardia Civil en el que Antonio acabó detenido por resistencia. Esa noche la pasó en el cuartel.
Los ancianos han tenido que costearse, con la pensión de Antonio, un piso de alquiler estos siete años en Antequera. Hasta ahora. Respiran hondo tras un sinfín de papeleo judicial, negaciones infructuosas y quebraderos de cabeza, pero, en palabras del abogado de la familia, Armando Rodríguez, aún les espera un periplo para reclamar daños. “Su casa está destruida. Tiene jardín y patio y se ve el deterioro. Además, han perdido todas sus posesiones, desde ropa hasta joya. Han sufrido muchísimo este tiempo; no sé cómo han aguantado. Hablamos de un cortijo de campo que ya tenían pagado”, apostilla.
El matrimonio, puntualiza el letrado, sí tiene la obligación de devolver el dinero que inicialmente se les prestó, sin intereses. Deben, en cualquier caso, recuperar su casa. “Eso es lo que dice la ley cuando ha habido un préstamo abusivo, sin penalización”, remacha.
En España la usura no es una figura penal. La ley que la regula data de 1908 y no establece márgenes suficientemente claros para identificar cada caso. El texto legal, impulsado por el diputado y filósofo Gumersindo de Azcárate durante el primer Gobierno de Antonio Maura, recoge que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.
Un juez les ha dado la razón y denuncian que los inquilinos ahora “se lo han llevado todo”