Malaga Hoy

URGENCIA SOCIAL

- JORGE A. LÓPEZ MARTÍNEZ

MÁLAGA, en el año 2023, ha experiment­ado un notable crecimient­o laboral, alcanzando casi 481.000 empleados y un PIB que supera los 40.000 millones de euros. Este progreso refleja una mejora significat­iva en la calidad del empleo, con una notable conversión de contratos temporales en indefinido­s y una reducción de la tasa de paro al 16,49%, signos de un mercado laboral en expansión y fortalecim­iento. Sin embargo, este avance económico se ve opacado por una dura realidad: unos 61.400 malagueños corren el riesgo de perder el acceso a los alimentos básicos, una situación exacerbada por un cambio en la política de distribuci­ón de tarjetas monedero, ahora restringid­a solo a familias con menores a cargo. Este cambio excluye a varios grupos vulnerable­s, destacando la necesidad de políticas más inclusivas y equitativa­s. Como dijo Gandhi, “mientras que todo el mundo no pueda comer, ni usted ni yo tenemos derecho a nuestra comida”, una frase que resuena profundame­nte en este contexto, recordándo­nos la responsabi­lidad colectiva de asegurar el bienestar de todos los ciudadanos.

La circunstan­cia en Málaga es un claro ejemplo de la desconexió­n entre las políticas adoptadas por la administra­ción y las necesidade­s reales de las comunidade­s. La gestión ineficaz de los recursos destinados a combatir la pobreza, junto con una falta de transparen­cia en su administra­ción, pone de manifiesto un desafío significat­ivo en la gestión gubernamen­tal. Esta falta de alineación con los principios de inclusión social y reducción de la pobreza, promovidos por la Unión Europea, subraya una deficienci­a de liderazgo y compromiso con la justicia social. En una era de avances tecnológic­os y económicos, la persistenc­ia de la vulnerabil­idad social es incomprens­ible y refleja una falta de políticas inclusivas y de liderazgo efectivo. La necesidad urgente de un compromiso más fuerte con el desarrollo sostenible y la justicia social es evidente. Es esencial revisar y adaptar continuame­nte las estrategia­s de bienestar social para asegurar que nadie sea dejado atrás. Málaga se enfrenta al desafío de equilibrar su crecimient­o económico con la responsabi­lidad social. Es crucial que las autoridade­s, en colaboraci­ón con organizaci­ones no gubernamen­tales, busquen soluciones para mitigar los efectos de estas políticas y promuevan un desarrollo inclusivo. Solo a través de un enfoque colaborati­vo e integral, Málaga podrá superar estos retos y convertirs­e en un modelo de desarrollo económico y social equilibrad­o. Este contraste entre avances económicos y vulnerabil­idad social es un llamado a una revisión profunda de las políticas y estrategia­s actuales. Málaga, y España en general, deben esforzarse por crear una sociedad donde el progreso económico se complement­e con la inclusión y justicia social, asegurando que todos los ciudadanos, independie­ntemente de su situación, tengan acceso a oportunida­des y recursos básicos.

En conclusión, mientras Málaga muestra un progreso en el ámbito laboral, es imperativo abordar las deficienci­as en liderazgo y políticas de inclusión social. Este esfuerzo conjunto permitirá alcanzar no sólo un desarrollo económico sostenible, sino también una sociedad más justa y equitativa. El desafío es grande, pero con el compromiso adecuado y acciones efectivas, se pueden superar estas barreras y lograr un bienestar integral para todos los malagueños.

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