URGENCIA SOCIAL
MÁLAGA, en el año 2023, ha experimentado un notable crecimiento laboral, alcanzando casi 481.000 empleados y un PIB que supera los 40.000 millones de euros. Este progreso refleja una mejora significativa en la calidad del empleo, con una notable conversión de contratos temporales en indefinidos y una reducción de la tasa de paro al 16,49%, signos de un mercado laboral en expansión y fortalecimiento. Sin embargo, este avance económico se ve opacado por una dura realidad: unos 61.400 malagueños corren el riesgo de perder el acceso a los alimentos básicos, una situación exacerbada por un cambio en la política de distribución de tarjetas monedero, ahora restringida solo a familias con menores a cargo. Este cambio excluye a varios grupos vulnerables, destacando la necesidad de políticas más inclusivas y equitativas. Como dijo Gandhi, “mientras que todo el mundo no pueda comer, ni usted ni yo tenemos derecho a nuestra comida”, una frase que resuena profundamente en este contexto, recordándonos la responsabilidad colectiva de asegurar el bienestar de todos los ciudadanos.
La circunstancia en Málaga es un claro ejemplo de la desconexión entre las políticas adoptadas por la administración y las necesidades reales de las comunidades. La gestión ineficaz de los recursos destinados a combatir la pobreza, junto con una falta de transparencia en su administración, pone de manifiesto un desafío significativo en la gestión gubernamental. Esta falta de alineación con los principios de inclusión social y reducción de la pobreza, promovidos por la Unión Europea, subraya una deficiencia de liderazgo y compromiso con la justicia social. En una era de avances tecnológicos y económicos, la persistencia de la vulnerabilidad social es incomprensible y refleja una falta de políticas inclusivas y de liderazgo efectivo. La necesidad urgente de un compromiso más fuerte con el desarrollo sostenible y la justicia social es evidente. Es esencial revisar y adaptar continuamente las estrategias de bienestar social para asegurar que nadie sea dejado atrás. Málaga se enfrenta al desafío de equilibrar su crecimiento económico con la responsabilidad social. Es crucial que las autoridades, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, busquen soluciones para mitigar los efectos de estas políticas y promuevan un desarrollo inclusivo. Solo a través de un enfoque colaborativo e integral, Málaga podrá superar estos retos y convertirse en un modelo de desarrollo económico y social equilibrado. Este contraste entre avances económicos y vulnerabilidad social es un llamado a una revisión profunda de las políticas y estrategias actuales. Málaga, y España en general, deben esforzarse por crear una sociedad donde el progreso económico se complemente con la inclusión y justicia social, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su situación, tengan acceso a oportunidades y recursos básicos.
En conclusión, mientras Málaga muestra un progreso en el ámbito laboral, es imperativo abordar las deficiencias en liderazgo y políticas de inclusión social. Este esfuerzo conjunto permitirá alcanzar no sólo un desarrollo económico sostenible, sino también una sociedad más justa y equitativa. El desafío es grande, pero con el compromiso adecuado y acciones efectivas, se pueden superar estas barreras y lograr un bienestar integral para todos los malagueños.