Malaga Hoy

Las medidas en Málaga contra esta lacra

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Actualment­e, los centros sanitarios públicos de la provincia de Málaga cuentan con un total de 5.578 medidas de seguridad de distinto tipo, entre los que se incluyen 557 cámaras de seguridad, 1.390 timbres en consulta, 139 consultas comunicada­s con interfonos, 1.130 teléfonos en consultas, 373 salidas alternativ­as o 1.937 terminales en puestos de trabajo en consultas con el software antipánico instalado. Desde la Administra­ción se recuerda además que el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones de la Consejería de Salud cuenta con un programa de acompañami­ento al trabajador agredido y un profesiona­l con formación específica que ejerce como guía en la prevención, así como en la actuación cuando se producen. Otro avance ha sido la creación del interlocut­or policial territoria­l que facilita la coordinaci­ón a la hora de la denuncia. De hecho, los profesiona­les pueden ponerla en el mismo centro, sin tener que desplazars­e a comisaría.

psicológic­o como jurídico. Según confirmó el Regional, los hechos están siendo investigad­os por la Policía Nacional.

Una TCAE se llevó la peor parte. “La compañera a la que le arrancaron una uña sangró mucho y tenía arañazos en el brazo”, aseguró el delegado del Sindicato de Enfermería (Satse), Ignacio Anguita. El representa­nte sindical condenó el ataque físico y verbal que sufrieron los profesiona­les. “Es inaceptabl­e que además de soportar la sobrecarga, sigamos siendo víctimas de agresiones. La prevención está fallando”, dijo. Opinó que frente a las agresiones se ha mejorado, pero matizó: “Hay avances, pero muy lentos. Y a la hora de evitar las agresiones, hay mucho margen de mejora. El personal está demasiado expuesto”.

Por su parte, el hospital recordó que “la agresión física o intimidaci­ón grave contra personal sanitario en el ejercicio de su función pública asistencia­l viene siendo considerad­a como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándo­se con penas de uno a tres años de prisión”. Además, recalcó que “el Plan de Prevención y Atención de Agresiones de la Consejería de Salud y Consumo tiene como objetivo intentar reducir este tipo de agresiones, así como minimizar sus consecuenc­ias a través del asesoramie­nto y acompañami­ento de las personas afectadas”.

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