Trabajadoras en abuso de temporalidad
Somos dos trabajadoras temporales de larga duración, reconocidas INF por sentencia judicial.
En primer lugar, agradecer a todos los abogados que han creído en nuestra justicia, en especial a Javier Arauz y Manuel Martos que llevan peleando por nosotras desde hace 10 años, como también a todas las plataformas y pequeños sindicatos de interinos y temporales en fraude de ley, a esos pocos jueces valientes que alzaron las distintas prejudiciales al TJUE y por último, a todos esos trabajadores que con sus demandas hicieron posible que se nos abriera esta puerta impensable hace unos años.
En segundo lugar, dirigirnos a CCOO, UGT y CSIF que aún siguen negándola sentencia del TJUE del22/02/2024, para recordarles que aún faltan las prejudiciales de Barcelona (fase visto para sentencia), en las que se pregunta claramente si la ley 20/21 es acorde a la directiva europea 1999/70 y sirve como medida sancionadora al abuso de temporalidad. Os recordamos que tanto en al sentencia del TJUE de 2018, sentencia Mascolo, como en la sentencia de 2020 «sentencia Sánchez Ruiz», así como en esta última el JUE dice claramente y sin ambigüedades que los procesos selectivos abiertos No son sanción al abuso. Por tanto, les trasladamos unas preguntas: ¿Si los concursos derivados de la ley 20/21 son abiertos o cerrados? ¿Las plazas de temporales de larga duración están incluidas en estos procesos? Señores, pónganse a trabajar para transponer la directiva y dejar de ponerse de espaldas a la ley y a los trabajadores en abuso (en especial as u s afiliados).
También os recordamos que hay un proceso de infracción contra España «chap 2013» sobre el cual va se ha pronunciado la comisión europea y dice: «la comisión europea espera el resultado de las prejudiciales del TJUE para tomar medidas contra España».
En tercer lugar, nos dirigimos a los interinos y trabajadores temporales de larga duración, salid de vuestro letargo y defended vuestros derechos.
Por último, a la población en general, si seguimos permitiendo que sigan con sus políticas contrarias a directivas europeas, las administraciones tendrán que pagar grandes cantidades en concepto de tasas judiciales, indemnizaciones y multas de la UE, así como también se nos negarán los fondos Next.