La imputación de Puigdemont no afecta a la negociación de la futura ley de amnistía
Varios ministros manifiestan respeto por la Justicia y no ven peligro para la tramitación
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la imputación por terrorismo del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por parte del Tribunal Supremo «no provoca ninguna interferencia» en las negociaciones de la ley de amnistía con Junts.
Lo ha dicho ayer en declaraciones a la prensa junto al delegado especial del Estado, Pere Navarro, antes de visitar el DFactory del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). Montero ha señalado que «no hay ninguna sorpresa» respecto a las investigaciones que está desarrollando la Justicia y ha reiterado el respeto del Gobierno al trabajo de jueces y fiscales.
El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha pedido que la decisión del Tribunal Supremo para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic no sea un «obstáculo» para la aprobación de la ley de amnistía.
En declaraciones a los periodistas antes de una sesión de trabajo organizada en Terrassa por la patronal Cecot con representantes del PSC, Illa ha expresado su respeto «a todas las resoluciones judiciales», pero ha considerado que lo ocurrido durante el proceso independentista no puede calificarse de terrorismo. «Lo que ocurrió en Cataluña en 2017 fue un gran error, lo hemos combatido nosotros políticamente, pero no creo que pueda recaer el calificativo de terrorismo sobre las actuaciones que vimos», ha indicado.
Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido la ley de amnistía, pactada entre el Gobierno y los partidos independentistas catalanes, con «absoluto respeto al sistema judicial». Además, ha garantizado que el Ejecutivo dispone de «mecanismos» para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) con independencia de que el PP pueda vetar con su mayoría en el Senado la senda de déficit y deuda para el periodo 2024-2026.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha precisado que la última decisión del Supremo de abrir
una investigación al expresidente de la Generalitat no supone la calificación de este fenómeno como terrorismo, sino simplemente arrogarse la investigación de los hechos. El socialista rechazaba de este modo que el auto del Supremo y que afecta en exclusiva a ambos políticos catalanes.