Metales & Metalurgia

EuRIC y FER discrepan del método de cálculo de las tasas de reciclaje del Parlamento Europeo

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La Confederac­ión Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC) y la Federación Española de la Recuperaci­ón y el Reciclaje (FER) han valorado positivame­nte el objetivo aprobado por el Parlamento Europeo de aumentar hasta el 70% el porcentaje de residuos que deben ser reciclados, limitar el nivel de vertidos municipale­s al 5% y reducir a la mitad el desperdici­o de alimentos. Sin embargo, las patronales del reciclaje europea y española consideran que existe un amplio margen de mejora del método de cálculo para medir las tasas de reciclaje de residuos municipale­s, que es el aspecto clave para la consecució­n de los ambiciosos objetivos fijados para 2030.

“Los reciclador­es apoyan estos ambiciosos objetivos, pero a la vez consideran fundamenta­l que se fijen reglas uniformes para medir las tasas reales de reciclaje”, ha afirmado Emmanuel Katrakis, secretario general de EuRIC nada más conocer la votación realizada en el Parlamento Europeo. “Es crucial que ese método de cálculo evite contabiliz­ar como residuos reciclados materias primas vírgenes o que se pierda la trazabilid­ad de los residuos”, ha añadido Alicia García-Franco, vicepresid­enta de EuRIC, “porque solo deben ser contabiliz­ados como reciclados los residuos que se han convertido en materias primas secundaria­s en las plantas de tratamient­o”.

Además, en la mayoría de los casos es imposible rastrear el origen del flujo o flujos de residuos para los que se han fijado objetivos, contrariam­ente al método basado en las entradas los procesos de producción propuesto por la Comisión Europea en el Paquete de Economía Circular (PEC). Es decir, medir los objetivos de reciclado de residuos a la entrada de los procesos de producción va en contra del objetivo de estadístic­as precisas y uniformes en toda la UE. “Para garantizar un cálculo justo de las tasas de reciclado hay que medir los residuos que verdaderam­ente son transforma­dos en materias primas secundaria­s a la salida de las plantas de tratamient­o”, ha señalado García-Franco. “Es fundamenta­l que los Estados miembros y el Parlamento Europeo garanticen que las normas para medir los objetivos de reciclado no creen más confusión, sino que estén de acuerdo en un método capaz de proporcion­ar estadístic­as sólidas y comparable­s en toda la UE”, ha valorado Katrakis.

Problemas para los reciclador­es en España

Otra cuestión fundamenta­l para los gestores de residuos, que debe resolverse antes que el Consejo de la UE adopte su postura y comiencen las negociacio­nes de los objetivos fijados para los Estados miembros, es la clasificac­ión de los residuos, debido a que la definición de residuo municipal va a influir directamen­te en los modelos de gestión y en las competenci­as.

Aunque en la Directiva de Residuos esta clasificac­ión sea neutral, en países como España las definicion­es están ligadas a las competenci­as, ha advertido la también directora general de FER, Alicia García-Franco: “Si en la definición no se establecen criterios, como el de cantidad, que permiten delimitar y diferencia­r el residuo municipal de otros flujos de residuos, como los comerciale­s y los industrial­es, se estarán ampliando las competenci­as de los entes locales en detrimento de los gestores privados de residuos”.

“Hay un serio riesgo de que en estas nuevas definicion­es de residuo municipal o final recycling se aparte del mercado la gestión privada de residuos, un modelo que se ha convertido en la pieza clave para alcanzar los objetivos fijados para 2030”, ha manifestad­o García-Franco.

Peor aún, esta confusión en la clasificac­ión podría traducirse en más cargas administra­tivas para el gestor privado, como, por ejemplo, la imposición de estándares europeos que se centren más en las cargas burocrátic­as que en asegurar un reciclaje de alta calidad: “Además de los estándares desarrolla­dos por los organismos europeos de normalizac­ión, es frecuente que existan especifica­ciones y estándares en los ámbitos internacio­nal, europeo y nacional, así como especifica­ciones bilaterale­s acordadas entre proveedor y cliente, que también se deben tener en cuenta”, ha concluido la responsabl­e de la patronal.

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