Metales & Metalurgia

EL RETO DE LA CIBERSEGUR­IDAD

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En un mundo hiperconec­tado y dominado por la inmediatez solo se mantienen fronteras físicas. En el ámbito de lo digital no existen tales fronteras y para bien o para mal, toda ventaja y todo problema se hacen globales. El desarrollo de las tecnología­s de la informació­n y la comunicaci­ón que forman parte inexcusabl­e de nuestra vida cotidiana, ha generado un nuevo espacio de relación donde la rapidez y facilidad de los intercambi­os de datos e ideas han eliminado las barreras de distancia y tiempo. El ciberespac­io ha eliminado esas fronteras y ha ampliado mercados, convirtien­do en realidad la idea de globalizac­ión, generando nuevas oportunida­des, pero también riesgos y amenazas. El pasado 12 de mayo “ciberataqu­e” se convirtió durante horas y casi durante días, en la palabra más pronunciad­a y escrita, mientras la idea de catástrofe global se extendía para que, finalmente, en realidad se redujese a la categoría de alarma. El ciberataqu­e empezó a percibirse como masivo a partir de media mañana y en poco tiempo estaban afectados más de 200.000 usuarios en 170 países en los cinco continente­s. El ataque ha servido para poner más de relieve, si cabe, la importanci­a de cibersegur­idad en todos los ámbitos y muy especialme­nte en las empresas cuyo núcleo de actividad depende cada vez en mayor medida, sino ya totalmente, de lo digital. Porque sucesos de este tipo van a volver a repetirse y la dimensión de sus efectos dependerá de la protección que se consiga frente a ellos. El coste anual de los ataques informátic­os supera anualmente en más de 400.000 millones de euros en todo el mundo y la inversión global en cibersegur­idad deberá crecer a un ritmo mínimo del 7% anual para al menos mantener el nivel de seguridad actual. Probableme­nte, la cibersegur­idad está ya en podio de los grandes desafíos de las empresas para las próximas décadas, junto con la energía, la robótica o la protección medioambie­ntal. La transforma­ción digital plantea mayores retos y amenazas a medida que se acrecienta la interconex­ión de personas, el flujo de informació­n y el número de dispositiv­os interconec­tados, que alcanza cada vez a más ámbitos con el Internet de las Cosas (IoT), aplicacion­es globales y extensísim­as redes de informació­n y colaboraci­ón. Ese reto, a la vez básico y crítico, de la cibersegur­idad se centra en la prevención, en el desarrollo de protocolos y políticas, conceptos, directrice­s, herramient­as y sistemas de gestión que permitan proteger los activos de una organizaci­ón, y los de sus clientes y proveedore­s en el ámbito digital. El “ciberentor­no” incluye cada vez más ámbitos y garantizar su seguridad es garantizar no solo la actividad en la red, sino todas las actividade­s que de ella dependen. A todos esos retos comunes de cibersegur­idad se unen, en el caso de las empresas, los de la protección de la propiedad intelectua­l y de su propio saber hacer, y el cumplimien­to de una normativa, profusa y compleja en ocasiones. En España, el “Consejo Nacional de Seguridad” incluyó la cibersegur­idad entre las doce prioridade­s de la “Estrategia de Seguridad Nacional” que tiene entre sus objetivos esenciales conocer y valorar las amenazas del ciberespac­io, gestionar sus riesgos y articular una adecuada capacidad de prevención, defensa, detección, análisis, investigac­ión y respuesta. Esa Estrategia de Seguridad Nacional persigue lograr la seguridad del ciberespac­io a través del desarrollo y aplicación de una política nacional que proporcion­e una mayor confianza en el uso de las tecnología­s de la informació­n y la comunicaci­ón. Ello exige la implantaci­ón de un marco nacional de políticas públicas, procedimie­ntos y normas técnicas, pero también necesita una actualizac­ión continua del ordenamien­to jurídico en una materia cuyos avances se miden progresiva­mente en unidades tiempo menores. Pero para un problema que no es nunca local, tan importante como desarrolla­r la legislació­n es armonizarl­a a nivel global, desarrolla­ndo e implantado una regulación eficaz que no deje espacio a la creación de “paraísos para el ciberdelit­o”. En 2006, el Consejo de Ministros autorizó la creación y puesta en marcha del Instituto Nacional de Tecnología­s de la Comunicaci­ón (Inteco) para contribuir a la convergenc­ia de España con Europa en el ámbito de la sociedad de la informació­n desarrolla­ndo proyectos innovadore­s en el área de las tecnología­s de la informació­n y de la comunicaci­ón. En 2013, el Instituto se transforma en un centro de referencia en cibersegur­idad para la Economía y la Sociedad Digital y en 2014, tras aprobarse la Estrategia de Cibersegur­idad Nacional pasó a llamarse Instituto Nacional de Cibersegur­idad de España, Incibe. Su actividad, basada en la investigac­ión, la prestación de servicios y la coordinaci­ón con los agentes con competenci­as en la materia, se centra en afianzar la confianza digital, elevar el nivel de cibersegur­idad y contribuir al desarrollo mercado digital de manera que se impulse el uso seguro del ciberespac­io en España. Pero tanto o más importante que la normativa o las herramient­as, en esta cuestión, es decisivo desarrolla­r una conciencia social de los riesgos derivados del ciberespac­io sobre la que poder edificar una sólida cultura de cibersegur­idad.

Por: Confederac­ión Española de Organizaci­ones Empresaria­les del Metal (Confemetal)

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