Cumplir la normativa del sector de los residuos impacta en el valor añadido bruto de las empresas. ›
Se ha presentado el estudio del sobrecoste administrativo que afecta a los gestores, impulsado por FER
La presentación del estudio del sobrecoste administrativo que afecta a los gestores de residuos, encargado por el Gremi de Recuperació de Catalunya y la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) al Colegio Industrial de Ingenieros de Catalunya ha revelado que el impacto de tales sobrecostes puede llegar a ser, en función de la tipología de empresa, de un 28% para el valor añadido bruto, de 12,40 euros por tonelada recuperada y de un 4% en la facturación.
En cuanto a la distribución de los costes, el estudio concluye que el 79% de los mismos tiene que ver con la gestión documental, un 13% con las coberturas, un 6% con la informática y la formación de personal y un 2% en autorizaciones y obligaciones específicas.
Además, el análisis ha demostrado un impacto de entre el 2 y el 10% en el precio del material reciclado, y de entre un 2 y un 18% de la oscilación del precio del mercado de materia virgen.
La razón de ser de este estudio es el actual panorama de contradicciones por el que las administraciones animan a los gestores a ser proactivos e innovadores en la búsqueda de soluciones para los residuos existentes, a la vez que incrementa los trámites administrativos para la obtención de autorizaciones y burocracia asociada a la gestión de materiales. Tales trámites implican una carga administrativa que obstaculiza la competencia, en el libre mercado, con las materias primas.
Dada la escasez de los recursos primarios y el aumento de la demanda de los mismos, es necesario estudiar los mecanismos que permitan una mayor circulación de la economía y los elementos que lastran tal propósito.
El objetivo de este estudio ha sido, pues, identificar el sobrecoste económico que supone el correcto cumplimiento de la normativa ambiental del sector de los residuos, analizar y proponer el contenido mínimo que deberían tener los estudios de coste que acompañan a la tramitación de nueva normativa, analizar el valor añadido en términos de mejora o protección ambiental en relación con el coste que suponen los requisitos normativos existentes y determinar el sobrecoste medio en relación al margen bruto y su efecto sobre las actividades y la economía circular.
Para elaborar el estudio, se han encuestado empresas de distinto tamaño y facturación, así como de diferentes sectores del reciclaje y ubicaciones territoriales. La muestra representa, cualitativamente y a nivel anual, 270.000 toneladas de materiales tratados, 162 millones de euros en facturación, 61.000 movimientos de entrada de residuos en
planta y el 15% de los residuos industriales gestionados por las empresas de reciclaje de Catalunya.
A partir de los datos recopilados, se han agrupado los costes administrativos en bloques, sumando los costes por recursos humanos (tiempo dedicado por trámite) y los directos: coberturas, autorización y obligaciones, gestión documental e informática y formación de personal.
El estudio concluye que la aplicación actual de la normativa conlleva, indiscutiblemente, un incremento significativo de sobrecostes administrativos en el sector de la gestión de residuos. Ello afecta negativamente la agilidad y la eficacia de la gestión de residuos y recursos, en particular de las PYMES, encarece los materiales recuperados obtenidos y produce una pérdida de competitividad frente a materiales de primera producción o extracción.
Además, ha demostrado claramente que limita los volúmenes y tipologías de los materiales recuperados, así como la potenciación de la economía circular en su conjunto.
Estos resultados refuerzan la necesidad de poner en marcha nuevas acciones orientadas a la reducción de las cargas administrativas impuestas a los gestores en aquellos casos que no exista riesgo ambiental.
Las acciones necesarias tendrían que incidir a todos los niveles y, como mínimo, contemplar la eliminación de obligaciones innecesarias, repetitivas u obsoletas, la simplificación documental y de trámites y la coordinación e interconexión de fuentes de datos entre administraciones.