La carga fiscal lastra la economía
En los últimos años, tras remontar una larga y dura recesión, la economía española ha funcionado bien, ha generado empleo y el entorno de la actividad ha sido positivo. Ahora, el nuevo Ejecutivo, olvidando las lecciones del pasado, anuncia un conjunto de propuestas dirigidas a aumentar el gasto público vía incremento de la tributación, y ello en un contexto escasamente previsible que apunta a la desaceleración, lleno de incertidumbres políticas, nacionales e internaciones (Cataluña, Brexit, impacto de la política proteccionista de Trump, repunte del precio del petróleo y de la energía, retirada de estímulos financieros del Banco Central Europeo, impuesto al diésel, etc.), que podrían afectar tanto a la renta disponible de las familias, como a los costes de las empresas españolas.
Y ello a pesar de que diversos organismos internacionales (OCDE, Comisión Europea, etc.) y nacionales (CEOE, FUNCAS, BBVA, etc.), avisan cada día más insistentemente que en España seguimos creciendo, pero con menos vigor, y que los datos apuntan a una desaceleración económica. Los analistas están rebajando su previsión de crecimiento económico para 2018 y 2019.
Por lo tanto, lo prudente sería seguir por la senda de la consolidación fiscal y reducir nuestro porcentaje de deuda sobre el PIB. Lo contrario es peligroso. No pensar en las consecuencias que esto puede acarrear en el futuro cercano, o abogar por la teoría de “el que venga detrás que arreé” es absolutamente irresponsable.
España necesita reformar su fiscalidad para ganar en modernidad, eficacia y eficiencia, lo cual exige una tributación que fortalezca la recuperación y la creación de empleo. La fiscalidad debe ser moderada. El peso de ésta, sobre todo de la que soportan las empresas, en el cómputo total de los ingresos públicos en España, está muy por encima de la que de nuestros competidores europeos, donde la empresa se contempla como un elemento catalizador de ingresos públicos por la vía de la creación de empleo y de la dinamización de la actividad económica, por tanto, muy alejado de una presión fiscal excesiva.
La alternativa fácil de elevar impuestos en vez de reducir el gasto no productivo de las administraciones públicas, es una política cortoplacista y de escaso recorrido, que ignora las enseñanzas de la reciente crisis económica, pensando sólo en orientar a su favor las cada vez más inciertas y sorpresivas decisiones de los ciudadanos en las urnas. La CEOE en un reciente informe sobre “Tributación Empresarial”, destaca que la proporción de recaudación que en España procede de las empresas, “es considerablemente superior a la media europea”, en especial las cotizaciones sociales, y afirma que “la presión fiscal empresarial en España es alta en comparación con la de los países de nuestro entorno, y debe bajar, no subir”.
El informe señala que los ingresos públicos que aportan las empresas respecto al total es en España del 30%, mientras que la media de la Eurozona es del 26,2%. Además, con datos del informe “Paying Taxes”, que el Banco Mundial y PWC elaboraron anualmente, la CEOE detalla que “en España las empresas soportan una carga tributaria con un tipo real del 46,9% sobre los beneficios, frente a una media de la Unión Europea del 40,9%. Es decir, que incluyendo el efecto de todos los impuestos que inciden sobre las sociedades, la presión fiscal empresarial en España es seis puntos porcentuales superior a la media de la UE”.
Incrementar el gasto público y financiarlo aumentando los impuestos con el objetivo de reducir la desigualdad y mejorar la distribución de la riqueza es sin duda un objetivo loable, pero si aprendemos de la historia es más eficaz y certero para lograrlo, propiciar medidas para producir más y mejor que los demás, con el fin de ganar competitividad y generar empleo, ya que esta última es la mejor receta para combatir la desigualdad. La confianza de los inversores en nuestra economía es clave para nuestro país, para ello debemos controlar los desequilibrios macroeconómicos para seguir avanzando en la reducción del paro y la mejora de las condiciones económicas, toda política seria debe perseguir esta meta.
Por: Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal)