ALU Ibérica reclama una revisión del Estatuto que armonice realmente el precio eléctrico
A LU Ibérica ha comunicado al gobierno su preocupación por la nula efectividad del estatuto y apela al compromiso adquirido. Alu Ibérica ha transmitido en sendas cartas a la Ministra de Industria y a los presidentes de los gobiernos de la Xunta de Galicia y del Principado de Asturias, su profunda decepción y seria preocupación ante el resultado de un Estatuto que ni reconoce a la industria electrointensiva como estratégica, ni acomete medidas que realmente acaben con el diferencial de costes eléctricos y permitan competir en igualdad con los productores de Alemania, Francia o Suecia.
Alu Ibérica recuerda en su escrito que deben cumplirse los compromisos adquiridos en junio de 2019 cuando se aseguró que tendrían unos costes eléctricos adecuados para poder volver a producir aluminio primario en A Coruña y Avilés. Resulta especialmente preocupante que el Estatuto no dote a las empresas más afectadas, las hiperelectrointensivas, de medidas reales que den solución al problema. Alu Ibérica propone para ello tres medidas concretas: incluir en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética una garantía de compensación de CO2 indirecto con el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión, de acuerdo con las Directrices de la Comisión Europea, y eximir a los consumidores hiperelectrointensivos del 80% de los peajes de la red de transporte, de acuerdo con las autorizaciones de la Comisión Europea a otros países miembros. Además, requiere limitar los cargos de financiación de renovables al 0,5% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la empresa, en línea con la Directriz europea de ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.
Apuesta de futuro por Galicia y Asturias
Alu Ibérica recuerda en su carta a las instituciones, que realizó una apuesta decidida por el futuro de dos proyectos empresariales claves para la economía de Galicia y Asturias y ocho meses después y con un plan de inversión de 20 millones de euros, se siente defraudada ante la incertidumbre de un compromiso que no termina de afianzarse. La situación es preocupante por lo que insta al Gobierno a que se corrijan las debilidades del Estatuto para que este suponga realmente una solución y no “una buena intención sin resultados tangibles”, porque solo así se podrá hacer viable el proyecto.
El Estatuto presentado tiene un efecto en el precio eléctrico actual de entre 0,5 y 3,2 €/MWh, por lo que mantiene el alto diferencial con lo que pagan los competidores homólogos de Francia, Alemania y Suecia por su electricidad para fabricar aluminio primario, que está por debajo de los 35 €/MWh.
Alu Ibérica mantiene sus compromisos y pide al Ministerio que haga lo propio. La empresa está preparada a la espera de poder reiniciar en unos nueve meses las series de electrolisis en sus plantas de A Coruña y Avilés, algo que no podrá hacerse realidad sin precios eléctricos estables, predecibles y competitivos.
El Gobierno debe abrirse a entender que la industria electrointensiva es una “industria estratégica” que el país necesita, que mantiene empleo estable de calidad, que genera riqueza en las zonas de implantación, que avanza día tras día en eficiencia energética, innovación y acción climática. Esta industria que es un motor de la economía nacional no puede sobrevivir con sobrecostes eléctricos que ahogan su competitividad frente a industrias homólogas de Alemania, Francia o Suecia.
Las medidas presentadas no son en absoluto efectivas para lograr un coste de suministro eléctrico que permita fabricar aluminio primario en competencia e igualdad de condiciones con otros países de la Unión Europea, la proyección del proyecto de RD de Estatuto de Consumidores Electrointensivos para 2020-2022 supone diferenciales de coste eléctrico de entre 13 y 20 €/MWh respecto a fabricantes de aluminio primario de otros Estados miembros de la UE.
Alu Ibérica señala en su carta, firmada por Günter Goldhammer, director de operaciones de la empresa, que desea seguir confiando en la sensibilidad y credibilidad del Gobierno y que espera que las alegaciones se incluyan y logren que se cumpla el objetivo del Estatuto de armonizar el coste eléctrico con el de la competencia europea.