Post-Covid10: Una oportunidad para la Industria
La crisis económica y social derivada de la sanitaria está teniendo efectos devastadores en la actividad de las empresas. Obligadas a cerrar por decisión gubernamental para afrontar la contención de la propagación del COVID-19, han sufrido un impacto sin precedentes, de intensidad diferenciada dependiendo del sector productivo, de si éste se consideró esencial; de si se canceló totalmente su actividad; o de si se suspendió, pero a su vez se garantizó un funcionamiento mínimo. En todo caso, el daño acaecido es enorme y las medidas adoptadas para mitigarlo insuficientes o poco adecuadas para ayudar a las empresas y salvar con ello el empleo. El sector turístico, el hostelero, el comercio, la construcción, la automoción o el sector de instalaciones, reparación o mantenimiento suman un porcentaje elevado del PIB, son tractores que tiran de otros sectores económicos españoles y están necesitados de ayudas económicas, fiscales y laborales generosas y urgentes.
Es preciso mantener la vigencia de los procedimientos de los ERTE por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción más allá de la finalización del estado de alarma, y durante el tiempo que sea necesario para superar la afectación económica y productiva originada por el virus, así como también revisar las obligaciones y sanciones establecidas en los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad.
El escenario macroeconómico de España es tremendo en términos de descenso del PIB, de caída de los ingresos, del consumo privado, o de aumento del déficit público, las previsiones económicas a corto y medio plazo del Banco de España, empeoran las realizadas por el Gobierno.
La crisis ha cambiado en pocos meses todas las previsiones, todas las políticas, todas las decisiones, entre ellas la negociación de los convenios colectivos, las empresas y los sindicatos han paralizado en seco su negociación y con ello la tendencia al alza que arrastraban los salarios desde 2019.
Según datos de la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en abril de 2020 se habían registrado únicamente 10 convenios, que afectaban a 191 empresas y 3.155 trabajadores, cuando en igual mes del año anterior se registraron 139, aplicables a 24.143 empresas y 193.158 trabajadores, lo cual evidencia una clara ralentización del proceso negociador ante la situación de confinamiento y del parón de la actividad económica decretada por la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. La gran mayoría de los 69 convenios firmados en 2020 se negociaron en los últimos meses de 2019 o en los meses de enero y febrero de este año.
Los incrementos salariales recomendados en el IV AENC, vigente hasta el 31 de diciembre de este año, para el período 2018-2020, de entre un 2 y un 3% son, en este contexto, inverosímiles.
La variación salarial pactada a 30 de abril se situó en el 1,96% en los convenios firmados antes de 2020, que son el 97,06% del total de los firmados y del 1,80% en los convenios firmados en lo que va de año. Los convenios colectivos provinciales de la Industria del Metal en revisión pactaron un 2,02% de incremento para 2020.
Los porcentajes salariales pactados en 2020 en los convenios en revisión, lo fueron en un contexto económico muy distinto del que vivimos ahora y no reflejan, como es lógico, la crisis del parón de la actividad, por ello es previsible que tras los ERTE lleguen descuelgues salariales para poder inaplicar las condiciones pactadas.
El Gobierno debería flexibilizar con carácter temporal las reglas de descuelgue de los convenios, ya que es absolutamente necesario revisar en el ámbito bipartito los parámetros en los que se desenvuelve la negociación colectiva, teniendo en cuenta los cambios que el COVID19 ha producido en los sectores productivos.
En definitiva, al igual que ocurrió en los años de la crisis económica de 2008, en la que numerosos convenios colectivos vieron suspendida su negociación, su renovación, o en los que se pactaron congelaciones salariales, en 2020 lo prioritario debe ser la salvaguarda de las empresas y del empleo.