Unos Presupuestos contra la recuperación de la actividad y el empleo
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 deberían dar respuesta a una crisis económica sin precedentes, en la que el fuerte retroceso generalizado de nuestra economía se agudiza por la incertidumbre que la evolución de la pandemia provocada por la Covid-19 está proyectando sobre toda la actividad con todas las consecuencias sanitarias y de restricciones que lleva asociadas.
En una situación así, al margen de una gestión puramente sanitaria ajustada a la ortodoxia científica, eficaz, realista y coordinada, la economía española necesita para revertir la crisis económica y dejar atrás la recesión, medidas muy similares a las que hace poco más de una década nos permitieron alejarnos de los que hasta ahora eran los peores años de nuestra reciente historia económica.
El camino debería ir marcado por el realismo, la prudencia, la estabilidad, la previsibilidad y la definición de reformas capaces de frenar el retroceso e impulsar la economía.
El Gobierno, abonado al optimismo o a la creencia de que ignorar la realidad permite eludir sus riesgos y consecuencias, augura un crecimiento del PIB que puede llegar al 9,8 por ciento gracias al impacto de los fondos europeos y que, como mínimo, sería del 7,2 por ciento en 2021, tras el 11,2 por ciento de caída en 2020.
Las instituciones y organismos nacionales e internacionales, más rigurosos o mejor informados, prevén que la caída supere este año el 12 por ciento y que la recuperación en 2021 pueda situarse en una horquilla entre el 5 y el 6 por ciento.
Sobre esas previsiones propias y no alineadas con ninguna otra, el Gobierno ha definido su previsión de ingresos y una política de gasto expansiva que ni siquiera se podrá adecuar a los objetivos presupuestarios planteados por el propio Gobierno en el Plan Presupuestario que remitió a la Comisión Europea.
Las estimaciones de ingresos estiman un incremento de la recaudación de 6.000 millones de euros por las medidas fiscales, lo que en el mejor escenario estaría sobrevalorado en un orden mínimo de un punto de PIB.
El cuantioso aumento del gasto, condicionado en parte por las necesidades generadas por el impacto de la crisis como por nuevos compromisos de política social, y excluida la financiación excepcional de los fondos comunitarios, va a elevar el gasto estructural comprometiendo el futuro de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El gasto no financiero del Presupuesto consolidado crece cerca del 10 por ciento, una vez excluida la financiación procedente de los fondos europeos, una expansión del gasto público corriente que no puede justificarse desde su perspectiva de contribución al crecimiento potencial y tiene un alto riesgo de convertirse en un gasto estructural, contraproducente en una crisis económica como la presente.
La evolución real de los ingresos y los gastos estimados por estos Presupuestos va a incrementar el déficit estructural y el endeudamiento público, lo que incluso a corto plazo perjudica la sostenibilidad de las finanzas públicas y el mantenimiento del Estado de Bienestar, y lastrará la competitividad y la productividad de la economía española a medio y largo plazo.
Los Presupuestos prevén una reducción del déficit público del 11,3 por ciento del PIB hasta el 7,7, cuando la Comisión Europea señala que podría quedarse en un 9,6 por ciento, y que el déficit estructural pasaría del 4,0 por ciento de 2019, previo a la crisis, al 6 por ciento en 2021.
La deuda pública que cerrará 2020 en sus máximos históricos del 118,8 por ciento del PIB, según el Gobierno, acabará 2021 en el mismo nivel. De nuevo la Comisión Europea disiente y prevé que supere el 120 por ciento del PIB en 2021 y 2022.
Los Presupuestos, tan optimistas, olvidan que en un contexto de grave crisis económica tan importante es la red de protección social como el impulso a la actividad productiva del que se nutre la primera y que será la única palanca eficaz para recuperar el empleo.
Para que el sector productivo, es decir las empresas y los autónomos, puedan cumplir con esa función social se necesitan reformas estructurales. El tejido empresarial no va a ser capaz de generar riqueza y empleo con una política gasto expansiva si esta no se dirige a la inversión productiva, a la racionalidad y a la eficiencia.