Fraude de los abonos: frenazo
Un juez decreta la suspensión cautelar de las sanciones a tres de los abonados
El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Barcelona ha decidido suspender de forma cautelar la suspensión cautelar de la condición de socio a tres de los 2.823 castigados después de que otros tantos abonos fueran utilizados de forma fraudulenta en el Barça-Real Madrid del pasado 6 de mayo. El FC Barcelona, de momento, no ha recibido notificación alguna, según afirmaron fuentes del club a este diario. Según estas fuentes, la sanción preventiva no significa que el juez haya resuelto el caso, sino que pide información del mismo.
Según la resolución judicial, adelantada por RAC 1, “resulta evidente que la privación a los actores de sus derechos como socios les causará un perjuicio irreparable”. En este sentido, añade que “uno de los principios generales que debe respetar todo procedimiento sancionador es el de la presunción de inocencia y que únicamente se podría mantener en pie la suspensión de condición de socios sobre la base de pruebas completas, la aportación de las cuales es carga de quien acusa”.
El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Barcelona asegura que “no existe ninguna prueba, en este momento procesal, de que los actores hayan cometido la infracción que se les imputa”. El bufete Mirambell Guerin presentó una demanda representando a 439 socios ante el Juzgado de Instrucción número 21 y pedirá a éste que se inhiba en favor del número 7 y lograr así que reciban también una suspensión cautelar de su pena.
El Barça anunció en julio las sanciones: expulsión para 33 socios por reincidencia, un año y medio para 1.673 socios, un año y dos meses para 481, 10 meses para 511, seis meses para 124 en base a unos criterios de colaboración interna con la investigación. El club cifró en 1,5 millones de euros las pérdidas por las entradas que fueron a la reventa y no legalmente a través del Seient Lliure e interpuso una querella criminal para llegar al fondo de la trama de la reventa. La Guardia Civil abrió una investigación tras recibir la orden de la Fiscalía Anticorrupción