El principio de legalidad

Es uno de los conceptos de moda. Seguro que lo han oído o leído en innumerables ocasiones en los últimos tiempos. El principio de legalidad por aquí, el principio de legalidad por allá… El mantra del gobierno español y los constitucionalistas al valorar el conflicto catalán es que hay que cumplir la ley y que al que no le guste lo que debe hacer es trabajar para cambiarla, no saltársela. Girando la vista hacia el baloncesto, no le queda otra opción al CSD para respetar el principio de legalidad que defender la convocatoria (y posterior presencia) de los jugadores españoles para disputar los partidos de selecciones. Más que nada porque así lo dice la ley y otra cosa sería saltarse el principio de legalidad. El artículo 47 (punto 1) de la Ley del Deporte no deja lugar a la interpretación. “Es obligación de los deportistas federados asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales para la participación en competiciones de carácter internacional”, señala textualmente. La FEB ya ha avisado que convocará a los que considere mejores para intentar la clasificación de la selección para el Mundial 2019, desoyendo los posicionamientos públicos de la Euroliga, que ha programado partidos de su competición coincidiendo con las fechas de los partidos de selecciones. El CSD tiene ahora dos opciones: o callar y pasarle la patata caliente a los jugadores, trasladándoles un problema que no es suyo, o recordar públicamente que hay que respetar el principio de legalidad, que la ley está para cumplirse y que cualquiera que se la salte se atiene a importantes consecuencias, multas, retiradas de licencia o inhabilitaciones. En verdad sólo existe una opción para el CSD, la segunda, pues la primera supondría una muestra de arbitrariedad y falta de coherencia a la hora de aplicar el inamovible e inequívoco principio de legalidad.