No había ninguna cuenta en Estados Unidos
→ La defensa no pudo acreditarlo hasta que se liberó el documento que ocultó Lamela
→ La importancia de esta documentación que nunca fue entregada a Rosell durante la investigación estriba en que las averiguaciones se basaban, entre otras cuestiones, en un punto de partida equivocado, y es que Rosell tenía cuentas en Estados Unidos. Sin embargo, esta cuestión nunca pudo ser rebatida durante la instrucción hasta la fase de juicio oral, “como consecuencia de la irregular actuación de la jueza”, entiende el querellante.
Asimismo, destaca Rosell que la Fiscalía “decidió no informar” sobre sus peticiones “ni a favor ni en contra”, lo cual “hace todavía más evidente la actuación dolosa de la magistrada”. Una conducta por parte del Ministerio Público que se explicaría por ser “ya conocedora del irregular actuar de la magistrada y no querer participar en aquel despropósito”.
Finalmente, durante el juicio oral, abunda la querella de Rosell, no sólo fue remitida la ansiada documentación por el juzgado cuando ya no estaba Lamela sino, además, “541 folios” extra “que habían constituido la ampliación de la mencionada comisión rogatoria”. “Por lo tanto, resulta incuestionable que, cuando la juez recibió la petición de información,
dicha información se encontraba en su juzgado y, en consecuencia, no es posible que la querellada desconociera este hecho”.
Por ello, el querellante concluye que “Lamela no sólo faltó al deber de diligencia propio de su cargo al no dar respuesta a una petición de información que no suponía mayores complicaciones, sino que, además, lo hizo a sabiendas de que estaba dictando resoluciones injustas”. “No fue un error ni una negligencia de la
juez”, agrega, para reforzar la acusación de prevaricación.
Por otro lado, los abogados del ex presidente del Barça, que ha tenido reclamaciones fiscales incluso estando en prisión, preparan una demanda millonaria por el perjuicio ocasionado que podría sentar un peligroso precedente para el Estado y socavar los fundamentos de la prisión preventiva. En periodo de peritación, la reclamación superará los 10 millones de euros ●