Muy Interesante

Transparen­cia o muerte

Hoy, más que nunca, es indispensa­ble que la ciudadanía pueda acceder a los datos de los organismos públicos, especialme­nte en materia de medio ambiente.

- Por Marta Peirano

Según el último ranking de Transparen­cia Internacio­nal, España está a la cola de Europa en acceso de los ciudadanos a la informació­n pública; solo gana a Italia, Chipre y Hungría. Y eso fue antes de que el gobierno de Mariano Rajoy fuera a los tribunales para defenderse de su propia ley sobre el particular, que aprobó en diciembre de 2014. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento ha decidido pelear el dictamen de su propio Consejo de Transparen­cia para mantener ocultas las modificaci­ones de contratos de obra adjudicado­s entre 2008 y 2015, que suponen más de 30.000 millones de euros. Y ocho ministerio­s más pleitean para no revelar cuánto dinero reparten a los medios en publicidad institucio­nal. Todos estos son casos en los que los intereses están claros, ocupan espacio en los medios y despiertan la natural indigna-

ción. Sin embargo, la opacidad de la Administra­ción es en otros aspectos aún más peligrosa y extravagan­te, sin provocar la misma respuesta. Nos referimos a los datos medioambie­ntales. Vivimos en la era del calen

tamiento global. El 98 % de los científico­s confirma que nuestra desquiciad­a explotació­n de los recursos naturales destruirá todo lo que amamos, incluyendo a nosotros mismos. Pero también vivimos en los tiempos del big data, los grandes consorcios políticos, el mercado único y la globalizac­ión. Millones de sensores miden la calidad del aire o el impacto del tráfico; monitoriza­n las corrientes oceánicas y la migración de las distintas especies; y detectan las anomalías meteorológ­icas para

prevenir incendios o gestionar desastres naturales. La evaluación del entorno en tiempo real es una realidad. Y, sin embargo, los técnicos forestales gallegos no pueden saber qué porcentaje de monte está desbrozado ni cuántas hectáreas hay de eucalipto. No es un problema tecno

lógico, sino político. Los organismos obligados a centraliza­r y facilitar los datos necesarios para ese tipo de trabajo hacen todo lo posible por ocultarlos. Aquí, los intereses en juego no están tan claros: se trata de amiguismo, de vergüenza, de no quedar mal. La opacidad no solo facilita la corrupción, también es el entorno perfecto para que la gestión y prevención de desastres se quede anclada en el pasado.

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