Una prohibición que es papel mojado
El pasado julio, en la sede de las Naciones Unidas, 122 estados votaron a favor de un tratado vinculante global que prohíbe las armas nucleares. Ninguno de los países que las poseen –EE. UU., Rusia, el Reino Unido, China, Francia, la India, Pakistán, Corea del Norte e Israel– participó en las negociaciones ni en la votación. España tampoco, ni la mayoría de los demás miembros de la OTAN.
El texto contempla la prohibición de desarrollar, almacenar o amenazar con utilizar este tipo de artefactos. En una declaración conjunta ante la ONU, los embajadores de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia esgrimieron que el tratado no soluciona la “grave amenaza que plantea el programa nuclear de Corea del Norte ni aborda otros desafíos de seguridad que hacen necesaria la disuasión nuclear”.
ESCAQUEO DE LOS FUERTES. Además, las potencias en posesión de este armamento alegaron que ya están comprometidas con el Tratado de No Proliferación Nuclear, un acuerdo abierto a la firma desde 1968 que contempla un desarme gradual demasiado lento, a juicio de muchos países.
El nuevo tratado aprobado en la ONU entrará en vigor cuando cincuenta países lo hayan ratificado. Meses antes de que se consensuara este documento, científicos españoles de primer nivel, como María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y el químico Avelino Corma, firmaron un manifiesto para la abolición de las armas nucleares. Promovido por la oenegé FundiPau, reclamaba al Gobierno que participara en la negociación del tratado y que votara a favor de la eliminación de los arsenales, algo que no sucedió.