Del estado de alarma a la cogobernanza: la montaña rusa en la gestión de la crisis ........
TRAS UNOS PRIMEROS MESES EN LOS QUE LA SALUD FUE PRIORITARIA EN TODO, EL PASO DEL TIEMPO HA IDO OBLIGANDO A LOS PODERES PÚBLICOS A INTENTAR BUSCAR UN EQUILIBRIO ENTRE LA CURVA EPIDEMIOLÓGICA Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA.
Lseos de cada comienzo de año llegaban en 2020 acompañados de las expectativas y aspiraciones de un nuevo Gobierno que daba sus primeros pasos. Era el primer Gobierno de coalición de la democracia española. En el ámbito sanitario, la financiación –esa punta de lanza demandada durante años en investigación– cobraba importancia y los profesionales comenzaban a poner sobre la mesa las tareas pendientes a las que debería atender la nueva Administración.
Sin embargo, la llegada de la pandemia por un nuevo coronavirus a nuestro país desmoronó la hoja de ruta del nuevo Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Hasta el punto de que una de las primeras decisiones que hubo que tomar es ya histórica: decretar el estado de alarma y el confinamiento domiciliario asociado, tal como se estaba llevando a cabo en buena parte del espectro internacional –como en China, foco de origen de la pandemia– y la consecuente designación de un mando único para la gestión de la crisis sanitaria, que fue asumido por el exministro de Sanidad, Salvador Illa.
NECESARIA Y PARALELAMENTE, LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN COMENZARON A OCUPAR LA PRIMERA LÍNEA en la respuesta internacional ante el SARS-CoV-2, en lo que terminaría siendo una carrera a contrarreloj para encontrar una vacuna frente a este coronavirus de tipo 2, que causa síndrome respiratorio agudo severo. En el ámbito nacional, la situación estaba oficialmente controlada cuando se detectó el primer caso de coronavirus en España. Fue en La Gomera, en Canarias, el 31 de enero de 2020. Casi un mes más tarde, el 24 de febrero, el virus dio el salto al territorio peninsular con una concatenación de casos que elevaron las cifras exponencialmente en apenas unos días. En este punto, la prioridad del Gobierno y las comunidades autónomas era la salud pública, pero la necesidad de mantener la balanza de la curva epidemiológica y la de la economía nacional se fue abriendo paso con el paso del tiempo hasta convertirse en un reto que continúa latente un año después.
Tras esa progresión inesperada del virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de covid-19 como pandemia el 11 de marzo de 2020. Días después, el Gobierno español decretaba
el estado de alarma, limitaba la movilidad de los ciudadanos y obligaba al cierre de los establecimientos “no esenciales”. Esta decisión se prorrogaría periódicamente durante los meses siguientes por periodos quincenales.
Antes de la pandemia, una de las promesas del Ejecutivo era llevar a cabo una revisión de las actuaciones de los ministerios y de los progresos obtenidos cada cien días. La realidad de la expansión de la covid-19 terminó convirtiendo este propósito en un balance diario de la situación epidemiológica en España. En este punto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) se convirtieron en los principales focos de información. Fernando Simón, director del CCAES, vertebraba las ruedas de prensa diarias en torno a la actualización de las cifras de la pandemia y las medidas adoptadas para hacer frente al coronavirus.
EL ASESORAMIENTO, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE LA PANDEMIA quedaba en manos de estos organismos. Para Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), uno de los problemas existentes en relación con el CISNS es que “hasta ahora, ha tenido escasas funciones o escasa operativa”. Por dicho motivo, este experto considera que el Ministerio de Sanidad “debería asumir más la tarea de coordinación, no solo en el ámbito de la pandemia”.
¿Se podría haber evitado el gran impacto del virus en nuestro país? Es difícil comparar la gestión del Gobierno español con la de otros países europeos, ya que hay que considerar las características demográficas, sociales y económicas. En este sentido, ¿la integración de una autoridad de Salud Pública en dicha gestión hubiera facilitado la puesta en marcha de medidas de contención del virus? Esta es la idea en la que coinciden Zurriaga y otros expertos consultados por MUY para descifrar las claves que consolidan la balanza entre la economía y la salud pública. “Contar con un organismo dotado de un presupuesto razonable y con recursos correspondientes que permita coordinar tareas es una de las estructuras de las que debería disponer España en una situación como la pandemia de covid-19”. Así lo señala Zurriaga, quien destaca que “debería tratarse de una agencia con cierta autonomía de gestión que no esté sometida a los vaivenes políticos”.
El 4 de mayo de 2020, Sanidad daba comienzo al plan de desescalada (no uniforme entre las comunidades autónomas sino en función de los niveles epidemiológicos de cada una) y que se dis
tribuiría a lo largo de cuatro fases, hasta el mes de junio. Seguidamente, ya en este mes, las ayudas correspondientes al Fondo Covid-19 empezaron a dar sus primeros pasos con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En este escenario, para intentar organizar una respuesta de forma eficaz y coordinada en el horizonte próximo, el Ministerio de Sanidad diseñó el Plan de Respuesta Temprana de la pandemia de covid-19, enmarcado en el Plan Nacional de Lucha contra la Pandemia. Fue aprobado el 16 de julio por el CISNS. Esta iniciativa se basaba en definir la respuesta durante la segunda ola y en posibles escenarios futuros para el control de la enfermedad.
La coordinación y los esfuerzos en los centros de investigación es uno de los hitos a destacar durante la pandemia. El Centro Nacional de Microbiología (CNM), el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) son algunos de los centros dependientes del Ministerio de Ciencia e Innovación en los que recayó la búsqueda de soluciones ante el virus. “Dados los pocos recursos de los que disponen, han hecho una tarea muy por
encima de lo que se podía esperar”, indica Zurriaga. En el contexto de la coordinación, entra en juego la cooperación entre España y la Unión Europea. Para el vicepresidente de la SEE, la gestión de los protocolos de contención a través del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) se ha echado en falta durante los meses de pandemia. A pesar de eso, la compra conjunta de vacunas a través de la Comisión Europea es toda una lección, porque “sin ella se habría seguido un nacionalismo vacunal que nos hubiera llevado por muy mal camino”, destaca Zurriaga.
UNA DE LAS DECISIONES CLAVES DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO FUE EL CONFINAMIENTO DOMICILIARIO. “Aunque en aquel momento parecía algo excesivo, se demostró que fue una medida adecuada que logró evitar la transmisión del virus”, subraya el experto. En este sentido, a pesar de haber experimentado en algunas regiones confinamientos de una duración más breve para retener la expansión, la necesidad de consolidar medidas “más contundentes y explicitas” es una de las bases que deben transmitirse a la sociedad, según Zurriaga. Ahora bien, la prisa es un factor en contra en medidas de prevención epidemiológicas, por lo que el vicepresidente de la SEE aboga por “tener la paciencia suficiente para aguantar un poco más, a pesar de que la sociedad esté muy cansada y deseando volver a la normalidad de antes”.
En este punto coincide plenamente José María Abellán, director del área de Salud y Servicios Sanitarios del Observatorio de Economía de la Conducta del Colegio de Economistas de Madrid. Este experto considera que existen determinadas restricciones que no van a poder relajarse hasta que no se llegue a vacunar al cien por cien de la población. “Hay que mantener medidas como diques de contención de una manera permanente, para evitar así esta especie de montaña rusa de restricciones en la que estamos instalados”, ha destacado.
En relación con las decisiones clave sobre la pandemia, Abellán puntualiza que, ante la llegada del virus a España, las condiciones precarias de partida, en lo que concierne a las estructuras de salud
pública, han sido un lastre. De igual manera, las desescaladas precipitadas y el hecho de querer salvar festividades como la Navidad o la Semana Santa serían otras consideraciones negativas de la gestión gubernamental apuntadas por este economista.
La pandemia ha permitido conocer e integrar en el día a día conceptos hasta ahora desconocidos, como estado de alarma, y otros reacondicionados para la ocasión. Es el caso del término cogobernanza, con el que se pretendía definir la etapa que precedería a la desescalada y al fin del mando único por parte del Gobierno central –personalizado en el anterior ministro de Sanidad, Salvador Illa–. Una suerte de gestión y toma de decisiones al alimón entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas, que volvían a recuperar la potestad en ciertas materias y áreas. La cogobernanza quedó normativamente articulada a través del conocido como Real Decreto de Nueva Normalidad, aprobado el 9 de junio de 2020.
Sin embargo, el transcurso de esa nueva normalidad no se puede decir que acarrease normalidad en la gestión política de la pandemia. Cuando menos, no respecto a la homogeneidad en la toma de decisiones. Dejando al margen el análisis del éxito o no de cada medida adoptada, cada comunidad autónoma ha optado por hacer la guerra por su cuenta. Esto ha provocado cierta confusión que desde Moncloa se ha intentado manejar a lo largo de estos meses con diversas normativas. Entre ellas, la prórroga del estado de alarma decretada en octubre y que se prolonga, salvo nueva orden, hasta el próximo 9 de mayo.
CON ESTA PRÓRROGA SE PRETENDÍA DAR COBERTURA JURÍDICA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES, COMO LIMITAR, total o parcialmente, el cierre de sus territorios. También el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con reuniones semanales, viene funcionado como un órgano cohesionador de la gestión política de la covid-19. Todo ello pese a las dudas legales que, al margen de la pandemia, todavía existen sobre la capacidad vinculante de las decisiones que de él emanen.
Así las cosas, a lo largo de estos complicados meses se ha podido presenciar cómo algunas administraciones regionales apostaban en mayor grado que otras por limitar los movimientos y horarios de la actividad comercial, por el lockout o cierre de sus territorios –o bien solo por restricciones temporales de entrada y salida de ellos–, por más estrictas (o más laxas) medidas respecto al uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, por la exigencia de presentar resultados de PCR para autorizar la vuelta de residentes… Los ejemplos y comparativas son innumerables. Algunas de esas medidas chocaron con la oposición, según el caso, del Gobierno central o de los tribunales. Estas diferencias notables se constataron hasta en las distintas estrategias empleadas por las comunidades autó
nomas para la detección de casos positivos de covid-19 en el marco de cribados públicos comunitarios.
Un punto de inflexión en este apartado fue la decisión pionera de regiones como la Comunidad de Madrid de apoyarse en la realización de test de antígenos para estos cribados, a medida que estas pruebas rápidas diagnósticas irrumpieron en el mercado. Desde entonces (septiembre de 2020), y de forma progresiva, la práctica totalidad de las comunidades autónomas fueron incorporando estas pruebas y dándoles especial protagonismo –junto a las PCR– en sus estrategias de detección de casos positivos.
Incluso, esta cuestión dejó una rara avis en el habitual crispado escenario político: el reconocimiento de un Gobierno regional a las actuaciones de otro. Ocurrió cuando el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, alabó la apuesta de la Comunidad de Madrid por los test de antígenos, que empezaba a dar sus frutos –allá por noviembre– al frenar la por entonces alta incidencia de casos en la región. “Hay quien debería disculparse con Madrid viendo los resultados obtenidos”, indicaba el vicepresidente castellanoleonés respecto a las críticas que recibió en origen el Gobierno de la región vecina al adquirir –de forma pionera en España– más de cinco millones de unidades de estos test –más económicos y rápidos en el diagnóstico, además de presentar una alta sensibilidad–.
LOS PROS Y CONTRAS DE LA COGOBERNANZA TIENEN EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID-19 ESTRENADA el 27 de diciembre el último capítulo. Aunque existe una Estrategia Nacional de Vacunación elaborada y coordinada por la Administración central, incluido el reparto de dosis a las regiones, los tiempos y puesta en práctica sobre el terreno les corresponden a las comunidades autónomas. Esto ha provocado, sobre todo en el arranque de la campaña, tasas muy dispares de inmunización entre regiones que, al cierre de esta edición, parecían equilibrarse. Cuando menos, todas habían completado la vacunación a los grupos prioritarios objeto de la primera fase. En definitiva, doce meses de gestión de lo desconocido dan para mucho. Incluso para que se produzca hasta un cambio de titular de la cartera de Sanidad. Si la covid-19 irrumpió en España con Salvador Illa como ministro del ramo, ahora es Carolina Darias quien asume los mandos. No obstante, esta suerte de montaña rusa en la que se mueve la gestión política de la pandemia puede resumirse en el cinéfilo mensaje de “Continuará”...