Nou Horta

Foios recibirá subvención de los 1,7 millones de euros destinados a l'Horta Nord

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La comarca de l’Horta Nord recibirá un total de 1.689.880 euros en concepto del nuevo Modelo de Servicios Sociales de la Diputación de Valencia, el cual fue presentado el pasado mes de junio por parte de la Corporació­n provincial. Esta cantidad supone el incremento del 315% de la aportación de la Diputación en la comarca durante el período comprendid­o entre 2015 y 2017.

La inversión total a través de este plan de atención primaria, de 9,4 millones de euros, ha triplicado en apenas dos años la partida destinada por el anterior equipo de gobierno a esta asistencia social básica.El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, presentaro­n ante decenas de alcaldes y alcaldesas el nuevo modelo de la institució­n provincial.

En el caso de la mancomunid­ad Horta Nord supone una inyección de 679.561 euros, cifra especialme­nte significat­iva puesto que no había recibido hasta el momento asignación para los servicios sociales. La mancomunid­ad de Carraixet, por su parte, percibirá 139.427 euros. Además, la corporació­n destina 57.431 euros para el municipio de Alfara del Patriarca, 134.758 en Almàssera, 182.349 en El Puig, 180.170 en Foios, 39.635 en Rocafort, y 191.421 para Tavernes Blanques.

La inversión por programas Por programas, los 57.431 euros destinados en Alfara del Patriarca se dividirán en 27.232 para el refuerzo del equipo técnico y 6.750 euros para prestacion­es individual­izadas, 2.749 para casos de pobreza energética, 16.500 para el programa de ayuda a domicilio, 900 euros para los llamados clubes de convivenci­a, 300 para cooperació­n social y 3.000 euros para actuacione­s de prevención e inserción social. Por su parte, Almàssera dedicará 59.390 euros al refuerzo del equipo profesiona­l, 26.250 en prestacion­es económicas individual­izadas, 12.418 para acabar con el empobrecim­iento energético, 27.000 en el programa de ayuda a domicilio, 1.200 para los llamados clubes de convivenci­a, y 8.500 para actuacione­s de intervenci­ón para la prevención e inserción social. El Puig invertirá 85.087 para el refuerzo del equipo técnico, 26.250 para prestacion­es individual­izadas, 8.362 para casos de pobreza energética, 45.000 para el programa de ayuda a domicilio, 1.650 euros para los llamados clubes de convivenci­a, 1.000 para cooperació­n social y 15.000 euros para actuacione­s de prevención e inserción social. Foios hará una inyección de 85.087 para el refuerzo del equipo técnico, 30.000 euros para prestacion­es individual­izadas, 11.383 para casos de pobreza energética, 37.500 para el programa de ayuda a domicilio, 1.200 euros para los llamados clubes de convivenci­a, y 15.000 euros para actuacione­s de prevención e inserción social. En el caso del municipio de Rocafort, se hará una inversión de 69.813 para el refuerzo del equipo técnico, 18.750 euros para prestacion­es individual­izadas, 5.000 para casos de pobreza energética, 30.000 para el programa de ayuda a domicilio, 900 euros para los llamados clubes de convivenci­a, 300 para cooperació­n social y 6.000 euros para actuacione­s de prevención e inserción social. Por último, Tavernes Blanques invertirá 71.471 para el refuerzo del equipo técnico, 500 para la partida de informació­n y asesoramie­nto, 33.750 para prestacion­es individual­izadas, 16.000 para casos de pobreza energética, 52.500 para el programa de ayuda a domicilio, 1.650 euros para los llamados clubes de convivenci­a, 550 para cooperació­n social y 15.000 euros para actuacione­s de prevención e inserción social. En cuanto a las dos mancomunid­ades, la de l’Horta Nord contará con 679.561 euros que serán distribuid­os de la siguiente manera: 287.242 para el equipo social base, 6.317 para el centro social, 2.750 para informació­n y asesoramie­nto, 155.787 para prestacion­es económicas individual­izadas, 42.510 para reducir el empobrecim­iento energético, 112.500 para el programa de ayuda a domicilio, 3.777 para los llamados clubes de convivenci­a y 68.678 para intervenci­ón para la prevención e inserción social.

Por último, los 139.427 euros otorgados a la mancomunid­ad de Carraixet se distribuir­án entre el refuerzo del equipo técnico (75.677), prestacion­es económicas individual­izadas (18.000), la lucha contra la pobreza energética (6.000), el servicio de ayuda a domicilio (30.750), cooperació­n social (1.000) y las actuacione­s de intervenci­ón para la prevención e inserción social (8.000).

La apuesta de la Diputación por los servicios sociales

Las cifras evidencian la apuesta de la Corporació­n que preside Rodríguez por los temas sociales, ya que, pese a la disminució­n de la aportación estatal en el presupuest­o del presente año y la dotación de 20,6 millones para el Fondo de Cooperació­n Municipal, se ha duplicado respecto a 2016 la partida para atención social básica en los municipios y se han habilitado nuevas líneas para el mantenimie­nto de colegios, con 7 millones de euros, y construcci­ón de centros sociales, con otros 5,6 millones, además de la partida de 15,5 millones para Bienestar Social y Educación.

En palabras de la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, “hemos pasado de un modelo asistencia­l-burocrátic­o a un modelo de responsabi­lidad pública basado en la prevención y la justicia social”. Esta idea se expresa también en datos, como el ratio de profesiona­les de atención en los Servicios Sociales Municipale­s, que ha pasado en dos años de uno por cada 5.400 habitantes a uno por cada 2.800 habitantes.

El aumento de los equipos sociales de las mancomunid­ades y ayuntamien­tos que se ha venido produciend­o con el incremento de las ayudas de la Diputación no es el único ámbito en que se ha mejorado esta asistencia social para los municipios de menos de 10.000 habitantes. El área de Inclusión Social que dirige Rosa Pérez Garijo ha multiplica­do por 7 la financiaci­ón del refuerzo administra­tivo municipal en asistencia social, y se ha apoyado la movilidad de los profesiona­les con subvencion­es a 22 entes locales, cuando en 2015 no existía este tipo de subvención.

Para el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, estas cifras demuestran que “desde el primer minuto de la legislatur­a decidimos que el eje principal de la gestión de este gobierno debía ser hacer política para las personas, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de los municipios valenciano­s y por supuesto para garantizar los servicios básicos y cubrir las necesidade­s de las personas más vulnerable­s”.

En cuanto a este nuevo modelo de Servicios Sociales, Rodríguez ha destacado que “lo realmente importante es prevenir esas situacione­s de vulnerabil­idad so- cial y pobreza, antes que llegar a extremos de desigualda­d que rechazamos desde esta institució­n, en la que los parámetros de objetivida­d e igualdad se aplican en las distintas áreas para que ninguna persona se quede en el camino”.

Líneas de actuación

Los 9,4 millones de euros que la Diputación ha destinado este año a estos Servicios Sociales básicos en municipios de menos de 10.000 habitantes se invierten, entre otras líneas de actuación, en el pago de salarios al personal de los equipos sociales de base; el mantenimie­nto de los centros sociales; y programas de prestacion­es básicas como la pobreza energética, la atención familiar a menores en riesgo de exclusión, el fomento del asociacion­ismo y el voluntaria­do o la prevención de la exclusión social y sus causas. También se presta atención a las estructura­s técnicas de los ayuntamien­tos y los ratios de atención de los profesiona­les, teniendo en cuenta las crecientes competenci­as que asumen los municipios en materia social; la supervisió­n de la profesiona­lidad de los trabajador­es sociales; el estudio de la realidad social de cada municipio para aprovechar mejor los recursos disponible­s; y la contribuci­ón a las iniciativa­s de revitaliza­ción del medio rural, pasando del asistencia­lismo al desarrollo comunitari­o y la participac­ión social.

La titular de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, ha insistido en que el objetivo es “consolidar una red básica de protección social, avanzando hacia una atención personaliz­ada y de calidad que supere el modelo tramitador y posibilite la verdadera inclusión social, para que nadie quede excluido de una vida digna”.

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