Glifosato, un herbicida que genera polémica en la UE
Los productos fitosanitarios constituyen un conjunto de sustancias o mezclas de sustancias destinadas a la prevención de la acción, o directamente a su destrucción, de insectos, ácaros, moluscos, roedores, hongos, malas hierbas, bacterias y otras formas d
El Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente señala que los productos fitosanitarios son imprescindibles para la producción agrícola, tanto bajo los sistemas convencionales, como los sistemas de producción integrada o ecológica, a pesar de sus efectos desfavorables para la producción vegetal, para los seres humanos, animales y medio ambiente. Por ello, es imprescindible que dichos efectos no entrañen peligro ni presenten niveles de riesgo, pero es esa doble vertiente positiva y negativa lo que ha hecho que se encuentren en un estado de sospecha permanente.
La última polémica en esta materia ha estado protagonizada por el glifosato, un herbicida de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y arbustos, que fue comercializado por primera vez en los años 70 por la compañía Monsanto. En el año 2.000 caducó su patente y desde entonces lo producen muchas compañías bajo diferentes nombres comerciales. En España están autorizados 125 productos distintos que utilizan en sus compuestos glifosato.
Este producto tiene sus defensores y detractores. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU lo calificó en 1993 de “baja toxicidad” y estudios con similares conclusiones se han llevado a cabo también en Europa. Sin embargo, en marzo de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el glifosato es “un probable carcinógeno para los seres humanos” reavivando la polémica. La propia EPA ha encontrado que algunos laboratorios contratados por Monsanto para estudiar los efectos del glifosato han falsificado los resultados de sus investigaciones. También Monsanto fue condenada en 2007 en EEUU por publicidad engañosa sobre el glifosato, al presentarlo como biodegradable y sin efectos sobre el suelo.
La autorización por parte de la Unión Europea sobre su uso vencía el pasado mes de junio, de modo que la discusión sobre si debía prorrogarse o prohibirse ha protagonizado diferentes “luchas” entre aquellos que estaban a favor y los que se oponían. Finalmente, a pocas horas de expirar la licencia y pese a la reticencia de algunos estados miembros, la Comisión Europea anunciaba la prórroga por un máximo de 18 meses la autorización en la UE del polémico herbicida.
El ejecutivo europeo explicaba en un comunicado haber “decidido prolongar la autorización del glifosato por un periodo limitado, hasta que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas publique su dictamen, como muy tarde a finales de 2017”. Bruselas ha justificado esta decisión por el rechazo de los estados miembros a “tomar responsabilidades” en el asunto y la Comisión decidía asumir la prórroga de la licencia a falta de una mayoría cualificada entre los estados miembros.
Si no se hubiera tomado una decisión antes del final del plazo, la sustancia, presente en los herbicidas, hubie-
se sido prohibida, trastornando el sistema de producción de las grandes explotaciones agropecuarias europeas.
El portavoz de la asociación de productores europeos de productos fitosanitarios (ECPA),Graeme Taylor, afirmaba estar seguro de que muchos calificarán esta la decisión como una victoria para la industria”. Sin embargo, la propia industria dice estar “decepcionada” ya que la Comisión planeaba en un primer momento renovar la licencia por 15 años.
Inspecciones de equipos
Otro de los temas protagonistas de los últimos meses en materia de fitosanitarios es la inspección de los equipos que se utilizan para su aplicación en España. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó el Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, sobre las inspecciones obligatorias de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios y todos los equipos que se encuentren en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, deben ser inspeccionados al menos una vez, antes del 26 de noviembre de 2016.
Una correcta aplicación de productos fitosanitarios requiere una distribución homogénea del producto, y que esté de acuerdo con las dosis autorizadas y recomendadas, al objeto de evitar efectos nocivos o perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente. Una deficiente regulación de los equipos o máquinas de aplicación puede dar lugar a distribuciones anómalas y la presencia de desperfectos, averías o desajustes puede originar fugas o vertidos de producto en lugares inadecuados.
La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, pretende expresamente, garantizar que los medios de defensa fitosanitaria reúnan todas las condiciones necesarias y establece las disposiciones básicas relativas a los requisitos que deben cumplir estos medios, al uso racional de los mismos atendiendo, en lo que se refiere a los equipos de aplicación, tanto a las condiciones de uso del plaguicida utilizado en cada caso como a los requisitos de mantenimiento y puesta a punto de dichos equipos, a los controles oficiales para verificar el cumplimiento de dichas disposiciones y a los instrumentos de apoyo necesarios para la realización de las correspondientes inspecciones.
Por su parte, la Directiva 2009/128/CE, de 21 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un Uso Sostenible de los Plaguicidas, establece determinados requisitos de obligado cumplimiento en esta materia. Así como en el artículo 8 y el Anexo II de la citada Directiva, que establece que para prevenir estos riesgos es necesario, entre otros requerimientos, utilizar equipos de aplicación de productos fitosanitarios que funcionen correctamente, garantizando la exactitud en la distribución y dosificación del producto, así como la no existencia de fugas en el llenado, vaciado y mantenimiento.
A este respecto, Andalucía es una de las regiones que ha liberalizado el servicio de inspección de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. El pasado 3 de mayo el Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley que deroga el régimen de exclusividad de los servicios de inspección técnica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios, que recaía hasta el momento en la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía, SA (Veiasa). Según ha explicado la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, esta actuación da respuesta “de manera inmediata” al informe del Ministerio de Economía y Competitividad para dar cumplimiento a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y “permite abrir la actividad a otros operadores autorizados”.
Además, asegura que esta medida “facilitará el cumplimiento de los plazos y generará actividad económica para las empresas que se dediquen a dar este tipo de servicio y permitirá que Andalucía realice de forma coordinada este nuevo procedimiento aumentando en eficacia y eficiencia” y la apertura de operadores debe facilitar que la inspección de los equipos de aplicación de fitosanitarios pueda estar realizada en los plazos previstos por la Unión Europea.
En línea con la nueva regulación y el compromiso de la Junta por el uso sostenible de los plaguicidas, la consejera también hacía referencia al decreto aprobado el 3 de mayo en Consejo de Gobierno que mejora la capacidad de respuesta ante los nuevos retos en materia de sanidad vegetal. La norma, elaborada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, avanza en la regulación de la prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios y la inspección de equipos para su aplicación. Asimismo, facilita la adopción de medidas para hacer frente a recientes amenazas como las vinculadas a la bacteria Xylella fastidiosa, que afecta al olivo, entre otros.
Según Ortiz, “el objetivo prioritario de la Junta es que los agricultores realicen los tratamientos contra plagas de la forma más óptima posible, garantizando, por un lado, la eficacia en su utilización y por otro la seguridad ambiental y de salud en su manejo”. La consejera ha recordado que la sanidad vegetal es una cuestión de primer orden para la Consejería de Agricultura. “No olvidemos que contamos con el mayor sector agrario del país, que aporta la cuarta parte de todo el valor de producción y un tercio del valor añadido”.