Suministro eléctrico competitivo
La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del gobierno vasco, Arantxa Tapia, y la presidenta de Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Teresa Rasero, mantuvieron recientemente un encuentro en el que analizaron temas de impacto para el sector industrial, como el precio final de la energía eléctrica y su comparación a nivel europeo, así como las medidas adoptadas por otros países en favor de la competitividad de la industria electrointensiva. A la reunión también asistieron directivos de varias de las principales industrias electrointensivas vascas.
En este tipo de industrias el consumo de electricidad llega a suponer el 50% de sus costes de producción, haciéndolas extremadamente sensibles al coste eléctrico. Son empresas que operan en mercados globales frente a competidores europeos que gozan de precios eléctricos considerablemente más bajos, lo que las sitúa en clara desventaja y merma peligrosamente su competitividad.
Para Rasero, “nuestra industria necesita disponer de un suministro eléctrico competitivo. El precio final de la electricidad aquí es entre 20 y 25 euros/MWh más caro que el que pagan industrias homólogas en Francia y Alemania”. Desde hace años, AEGE viene reclamando “la urgente armonización de las condiciones de suministro de nuestras industrias con las de nuestros principales competidores”. Según la presidenta de la asociación, “la industria básica instalada en el País Vasco tiene un elevado componente exportador y observa con gran preocupación cómo se incrementa el riesgo de su actividad por el alto coste del suministro eléctrico”.
El gobierno vasco y AEGE coincidieron en resaltar que la industria básica instalada en el País Vasco ejerce un efecto tractor sobre la economía y que su viabilidad, tanto presente como futura, potencia la recuperación económica.
AEGE destacó la urgencia de aprobar el Estatuto de Consumidores Electrointensivos con la adopción de medidas como las que ya disfrutan desde hace tiempo nuestros competidores alemanes y franceses, así como la dotación presupuestaria suficiente para reducir lo máximo posible ese diferencial de precio eléctrico. El estatuto debe proporcionar seguridad jurídica y certidumbre para garantizar la competitividad del suministro eléctrico a las plantas industriales y de esta manera dotarlas de un marco que les permita seguir invirtiendo en el país.