Las autopistas le caen encima al nuevo gobierno socialista
El ministerio de Fomento va a tener mucho trabajo en el tema de las autopistas, porque entre noviembre de este año y 2021 caducarán las concesiones por cincuenta años de al menos 1.000 kilómetros de autopistas de peaje en Andalucía, Valencia, Cataluña, Castilla y León, Aragón y el País Vasco.
El próximo 30 de noviembre finaliza la concesión de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava) de 84 kilómetros que explota Europistas (Itinere) y que los usuarios pretenden que se convierta en gratuita. A finales de 2019 terminarán las de la AP-7 entre Alicante y Tarragona y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, un total de 468 kilómetros que explota Aumar (Abertis), mientras que a finales de agosto de 2021 concluirán las concesiones de la AP-2 entre Zaragoza-Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, de 479 kilómetros, explotadas por Acesa.
Los grupos políticos con los que ha contado Pedro Sánchez para auparse a la presidencia del Gobierno reclaman que, una vez que el Estado recupere la titularidad de esas vías, las libere de peaje. Los que más defienden la gratuidad de las autopistas son los independentistas de PDeCAT y ERC que argumentan que los catalanes han pagado con creces la inversión realizada en estas vías y esgrimen, una vez más, el que entienden agravio comparativo que sufre Cataluña frente a otras comunidades que gozan de autovías gratuitas.