El Consell pide que la ampliación de Alcampo incluya mejores accesos
Territori emite un informe no vinculante que aconseja adaptar las entradas del futuro megacentro
El Consell de Mallorca ha emitido diversos informes urbanísticos y de movilidad en los que aconseja que la ampliación del centro comercial Alcampo de Marratxí, que se convertirá en una megasuperfície con más tiendas y oferta de restauración, incluya mejoras en los accesos. El objetivo de esta petición no vinculante, que en parte ya estaba prevista por el grupo propietario del centro, es evitar que la mayor afluencia de clientes provoque atascos en ciertos momentos del día, como pasa en el Coll d’en Rabassa.
El área de Infraestructuras del Consell ha emitido tres informes no preceptivos que inciden en la necesidad de mejorar la movilidad de aquella zona, como, por ejemplo, la adecuación de la rotonda y el vial interior del centro comercial. El conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, se reunió ayer con las patronales Pimeco y Afedeco, así como con un representante de los vecinos de esta zona, para tratar el proyecto. Rubio aseguró que todavía no han recibido oficialmente la propuesta de ampliación, que adelantó en exclusiva Ultima Hora a finales del año pasado. «Lo único que se han hecho son consultas por parte del Ajuntament de Marratxí», añadió.
Las patronales del pequeño y mediano comercio volvieron a reiterar su absoluta oposición al proyecto de ampliación «que afectará gravemente al pequeño comercio de Mallorca». Su intención con la reunión era solicitar al Consell que «detenga» la ampliación. Marratxí está gobernado por el mismo pacto que en el Consell, entre PP y Vox. A nivel normativo, como ya adelantó este medio, Alcampo quedó dentro de la zona que permite una superficie comercial máxima de 40.000 metros cuadrados, que no se deben superar con la ampliación. El hipermercado tiene una superficie comercial de 21.355 metros cuadrados y 29.555 construidos. Aun así, se encuentra dentro de una «franja de afectación de movilidad saturada», definida en la normativa que limita estos centros. Todo esto se debe a que el ayuntamiento ya había incluido el proyecto de ampliación en su plan urbanístico, por lo que prevalece la normativa municipal sobre la insular.