El Ajuntament de Sóller advierte que Muleta II sigue siendo suelo protegido
Més y PSOE califican de «vergüenza» la elevada indemnización e intereses que cobrará el promotor El alcalde, Miquel Nadal (PP), declina valorar la sentencia porque «es un asunto del Govern»
Los terrenos de la fallida urbanización Muleta II, situados en un lugar estratégico del Port de Sóller y con un elevado valor paisajístico, seguirán sin ser edificables después de la durísima indemnización que tendrá que asumir el Govern como consecuencia final de la protección de este territorio. Fuentes de los servicios técnicos municipales han confirmado que, a raíz de su desclasificación en 2008, por el Pacte de Progrés, los terrenos pasaron a ser considerados en el Plan General como suelo protegido y que sus 43.000 metros cuadrados de superficie no proporcionan la parcela mínima para ningún tipo de edificación.
La noticia de la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga al ejecutivo balear a indemnizar al promotor Matthias Kühn con casi 100 millones de euros, ha ocasionado reacciones contrastadas en el municipio. Sin embargo, el alcalde Miquel Nadal (PP), ha declinado comentar la sentencia por considerar que «es un tema que viene de lejos y que yo desconozco y que además afecta al Govern». Desde la oposición, Més y PSOE han calificado de «vergüenza» la elevada cifra que finalmente cobrará el promotor. Laura Celià, portavoz de Més, defiende la importancia de la protección territorial frente a la especulación y añade que «la ele
PACTO POSTERIOR Margalida Ramis (GOB) señala que el culpable no es quien protegió sino quien después pactó con Kühn
vada indemnización es consecuencia de un acuerdo entre el Govern del PP y el promotor durante el Mandato de Bauzá, un acuerdo innecesario que hoy nos
ha llevado a pagar una indemnización desorbitada».
Por parte del PSOE, Jaume Mateu se reitera en la posición del PSIB a nivel autonómico, culpando al PP de haber facilitado al promotor la reactivación de la urbanización, a través de la llamada Ley Company, «con un acuerdo sobre su recalificación, que el Ajuntament no aceptó».
Tanto Més como PSOE están de acuerdo en que estos terrenos deben seguir siendo rústicos y estar protegidos.
Finalmente, Margalida Ramis, presidenta del GOB ha manifestado la «indignación» de la entidad conservacionista por el desenlace jurídico y económico de este proceso de defensa del territorio en la que estuvieron implicados
los grupos ecologistas locales, como Albaïna y Amics de la Terra. Según Ramis, recuerda que el promotor «sabía que estos terrenos no eran urbanos cuando los adquirió y se ha limitado a especular y a ganar, sobre todo gracias al espaldarazo que le proporcionó la Ley Company en 2013, cuando los terrenos ya estaban desclasificados».