Fulgencio Coll: «Queremos acabar con el ‘apartheid’ lingüístico de Cort»
▶ El pleno aprueba que el catalán pase de requisito a mérito para los funcionarios
«En el Ajuntament de Palma solo se debería pedir el nivel básico de fluidez de catalán y ser solo obligatorio en las ventanillas de atención al público y en las Oficinas
de Atención al Ciudadano (OAC)», señaló Fulgencio Coll, líder de Vox en Palma, que aseguró que en las Islas se está viviendo «un apartheid lingüístico».
El pleno del Ajuntament aprobó ayer la propuesta de Vox, solo
con el apoyo del PP, por la que el catalán pasa de ser requisito a mérito en el caso de funcionarios y trabajadores públicos municipales. Además, antes del 1 de julio de 2024 el Consistorio tendrá que definir los puestos de trabajo, así como de las empresas y organismos oficiales, que requieran el uso del catalán. En esta propuesta se advierte que «la categoría mérito de la acreditación del conocimiento de la lengua catalana no superará la de las titulaciones necesarias para el mejor desempeño del puesto de trabajo», según la moción de Vox.
Coll aseguró que «el catalán se ha utilizado para promocionar a los funcionarios de una ideología determinada. Es una sospecha. Pero queremos acabar con el apartheid lingüístico y el ataque contra la lengua oficial del Estado. Nadie ataca al catalán, aquí estamos defendiendo el derecho al castellano».
La portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, advirtió que «ahora mismo estamos llevando a cabo la valoración de los puestos de trabajo para ajustar los requisitos de las plazas». La regidora del PP apostó por «un bilingüismo cordial en esta comunidad autónoma. Nos comprometemos a cumplir con el programa para el 1 de julio de 2024, pero si nos pasamos unos días, pedimos disculpas porque es una tarea extensa».
Miquel Àngel Contreras, concejal de Més, denunció «el odio y la fobia hacia la lengua que nos han enseñado nuestras madres,
nuestros abuelos y durante tantas generaciones. Van en contra de la ley, contra el Estatut y el artículo 30 de la Ley de Función Pública que establece este requisito. Están aprobando una cosa ilegal hasta que no se modifique la Ley de Función Pública».
Contreras advirtió: «se generará una gran cantidad de impugnaciones y conflictos en procesos electorales del Ajuntament». La OCB lamentó la «ruptura de 40 años de consenso lingüístico en Cort» y se planteó llevar a cabo acciones judiciales.