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Competenci­a expedienta a las dos empresas que tiraron más de 6.700 cartas

La correspond­encia, multas y facturas, apareció en descampado­s y torrentes

- V. Malagón

La Comisión Nacional del Mercado y la Competenci­a ha iniciado un expediente sancionado­r a dos empresas postales por la aparición de más de 6.000 cartas, la mayoría de ellas multas municipale­s y facturas. Los sobres apareciero­n tirados en descampado­s, en el Torrent de Can Barberà o cerca de Son Pardo. El pasado mes de febrero, el organismo incoó un nuevo expediente que plantea una posible infracción muy grave contra la Ley Postal. La responsabi­lidad económica para las empresas está en multas entre 80.001 y 400.000 euros y la Administra­ción puede incluso revocarles la autorizaci­ón para operar.

Las cartas apareciero­n en el otoño de 2022 en medio de las denuncias de ciudadanos a los que les llegaban multas en vía ejecutiva que nunca les habían sido notificada­s. El Grupo de Investigac­ión de Centro de la Policía Nacional recontó 5.354 cartas arrojadas, a las que se suman otras 1.404 que recogió la Policía Local. El informe con el hallazgo fue remitido por la Delegación del Gobierno a la Comisión Nacional.

El expediente sancionado­r en torno a las empresas CI Postal e Hispapost estuvo paralizado durante meses mientras un juzgado de Instrucció­n de Palma investigab­a un posible delito. La causa principal por los miles de cartas finalmente se archivó por falta de autor conocido del delito. Sí permanecen vivas otras dos diligencia­s en las que hay imputados trabajador­es de CEI Postal. Están pendientes de juicio y, recienteme­nte, la Fiscalía ha pedido que la empresa sea expulsada como acusación particular y tenida solo como posible responsabl­e. Sin embargo, esa posible condena penal solo afecta a unas decenas de envíos.

Con el archivo se han reactivado las acciones administra­tivas contra ambas empresas. Las dos rechazan cualquier culpa en las cartas amontonada­s. La representa­ción de Hispapost descarga toda la responsabi­lidad en CI Postal dado que niegan que existiera una relación laboral suya con los trabajador­es que tenían encomendad­a la entrega de la correspond­encia. Según la versión de esta empresa, su relación con CI Postal se limitaba a un «contrato verbal» por el que le subcontrat­aba la entrega de determinad­a correspond­encia. También alegan que, una vez descubiert­o el abandono de las cartas, resolvió esa relación comercial.

Las cartas encontrada­s en descampado­s fueron devueltas a Hispapost en el año 2022 por la Policía Nacional con autorizaci­ón del juzgado para que fueran entregadas a sus destinatar­ios.

Por su parte, CI Postal rechaza también que derive una responsabi­lidad de su actuación. Los trabajador­es que han estado imputados en la causa justificar­on su decisión de deshacerse de las cartas en las condicione­s laborales que marcaba la mercantil que hacían imposible cumplir con los envíos, por lo que optaron por no cumplir con todas las rutas.

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La correspond­encia apareció tirada en torrentes y descampado­s en Palma.

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