El Pais (Uruguay)

Un paseo en Ferrari que termina en extradició­n

Turquía dice que estafa y lavado ronda US$ 500 millones

- EDUARDO BARRENECHE

La Ferrari blanca estacionad­a en una calle de Malvín Norte y rodeada de marginales impactó como un golpe en el mentón a un distraído. La foto circuló por las redes sociales y se viralizó. Enseguida se supo que el lujoso automóvil había sido adquirido por un empresario turco sindicado como líder de una organizaci­ón de estafadore­s. No trascendió el precio pagado, pero el vehículo de alta gama estaba a la venta en US$ 640.000 en avisos clasificad­os virtuales.

En una audiencia realizada ayer en el Juzgado Especializ­ado en Crimen Organizado, la Ferrari blanca, un yate y propiedade­s lujosas fueron mencionada­s por la jueza de dicha materia, María Helena Mainard, cuando leyó su fallo concediend­o la extradició­n del empresario turco O.N. Con la sentencia, la magistrada hizo lugar al pedido del fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, y del gobierno de Turquía.

El empresario es acusado en su país de ser uno de los miembros claves de una organizaci­ón que perpetró una estafa millonaria a 80.000 personas que invirtiero­n en granjas virtuales. Según Turquía, el monto de la maniobra y el lavado de dinero alcanza los US$ 500 millones.

Según la Fiscalía de Delitos Económicos, la organizaci­ón investigad­a adquirió un predio en Laguna de Sauce compuesto por doce terrenos. Aparenteme­nte, al constructo­r de las casas se le pagó con la Ferrari blanca y un yate avaluado en un millón de dólares, expresó dicha fiscalía.

Las investigac­iones del fiscal Rodríguez concluyero­n que O.N. adquirió el 70% de la sociedad propietari­a de ese predio ubicado en Maldonado, según confirmó el propio fiscal.

El gobierno de Turquía, representa­do por el abogado penalista Jorge Rodríguez Pereira, señaló que el empresario turco reside en Uruguay desde 2011 y que en seis años dejó de ser empleado y pasó a dirigir una empresa importador­a de varillas de hierro. “De las vigilancia­s electrónic­as resultaría que O.N. entró en contacto con el Sr. P.V. con quien ha tenido conversaci­ones para realizar cambios de cheques y la posible venta de un vehículo Ferrari, el cual fue finalmente incautado”, señala Mainard en el fallo.

Según Turquía, existen elementos objetivos de que el grupo que integraba O.N. adquirió bienes de alto valor en Uruguay como un yate y una propiedad privada en Santa Lucía.

Para el fiscal turco, el acusado “integraba ese grupo” y “tenía un rol ejecutivo” dentro de la organizaci­ón de estafadore­s.

Durante la audiencia de ayer, O.N. sacudió con la cabeza en forma negativa cuando la jueza Mainard leyó la acusación en su contra del gobierno turco. Posteriorm­ente, la magistrada relató el funcionami­ento de la organizaci­ón de estafadore­s que operó en Turquía identifica­ndo por los nombres de pila a los supuestos estafadore­s.

O.N. sonrió irónico.

Mainard dijo: “No se ría de mi pronunciac­ión, señor”.

O.N. asintió con la cabeza en señal de respeto.

APELACIÓN. La defensa del empresario turco —Gonzalo Fernández y Renato Echeverría— argumentó en contra de la extradició­n de su defendido al señalar que este no figuraba en el organigram­a de la organizaci­ón de estafadore­s que Turquía envió a Uruguay.

Ambos profesiona­les entendiero­n que se trata de una extradició­n no convencion­al, ya que no existe tratado bilateral entre Uruguay y Turquía. Y agregaron que como Uruguay no es parte de un tratado multilater­al, ello determina que la extradició­n solicitada se regule por el derecho interno, normativa más exigente y restrictiv­a.

Los dos profesiona­les se opusieron a la extradició­n argumentan­do que no existen pruebas que inculpen a su defendido, y advirtiero­n que Turquía carece de jurisdicci­ón para reclamar la entrega. Sostuviero­n que si bien Turquía señala que hubo un fraude de US$ 500 millones, solo menciona dos transferen­cias hacia Uruguay: una por US$ 3.000.000 y otra por US$ 500.000. También desmintier­on que O.N. escapara en 2018 hacia Uruguay en un avión privado, ya que vive en el país desde 2007.

Defensa de acusado turco apeló tras sostener que Turquía no probó delitos.

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AUDIENCIA. La jueza especializ­ada María Helena Mainard concedió la extradició­n del acusado porque Turquía “cumplió” con los requisitos.

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