Confesión de parte
@Las recientes declaraciones del Sr. Director Nacional de Policía, funcionario de alta jerarquía del Ministerio del Interior, no dejaron a nadie indiferente, y por cierto que no podrá atribuirse a la derecha intención desestabilizadora alguna. En verdad, nos ha dejado a todos sin palabras, pues… ¿qué más podría decirse frente al alcance de las mismas? Un viejo y elemental principio procesal enseña que “a confesión de parte, relevo de prueba”, lo que en lenguaje sencillo supone que habiendo confesado la parte, no resulta necesario nada más y menos producir prueba sobre lo admitido en sus dichos. Que la ineficiencia de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno del Frente Amplio ha sido y sigue siendo un hecho cierto, no es nada nuevo para quienes observamos la realidad cotidiana y quienes a diario la padecemos. La inseguridad se ha instalado en el territorio nacional y ha cambiado hasta la calidad de vida de los que habitamos este suelo. Que las rapiñas y los homicidios se hayan incrementado y que existan barrios y asentamientos que son tierra de nadie, también lo sabíamos, pero que un jerarca de su talla reconozca la “anomia” (esto en buen romance supone literalmente la ausencia de normas) y que nos compare con un país centroamericano ya es mucho, estamos ante un verdadero caos.
Cuando en verdad, a nuestro entender, no es que no existan normas, sino que el desbande se produce ante la ausencia del Estado, que es mucho más grave, que no ejerce su poder de custodia de nuestras personas y bienes, que no disuade, que no demuestra coherencia a la hora de ejercer el poder que la Constitución y las leyes le atribuyen, y que la ciudadanía les confió para vivir en sociedad. Luego se pretende que la ciudadanía no se arme y el propio ministro y su subsecretario dan públicas instrucciones de lo que debemos hacer frente a una rapiña o a un copamiento. Sabemos de la paciencia casi infinita de los uruguayos, pero cabe preguntarse, ¿hasta cuándo?
Es hora de que cada quien asuma de una vez por todas sus responsabilidades y de modificar las políticas de seguridad que se han venido implementando. Se trata incluso de poder coordinar el accionar de distintos actores públicos, cuyo costo solventamos todos los que aquí habitamos, para comenzar a ver resultados que reviertan la situación. Se trata ni más ni menos que de cumplir con una de las normas básicas de nuestra Constitución, que impone la obligación del Estado de protegernos en el goce de nuestra vida y propiedad. Pero ambos bienes están a diario amenazados, y en las declaraciones del Sr. Director de Policía se advierte el reconocimiento de su derrota en esa lucha contra el delito. Cuando reconocemos esa realidad, el mensaje no puede ser más desalentador. Debiera reconocerse que no se ha sido coherente en los planteos y ello tiene sus consecuencias, a modo de ejemplo, solo mencionemos la prohibición de fumar y el triunfo obtenido en el juicio promovido por una fuerte multinacional del tabaco, pero por otro lado legalizamos el consumo y venta de marihuana, en una suerte de prueba “ensayo-error” (donde los cobayos son nuestros connacionales) pretendiendo derrotar al narcotráfico, sin reconocer que no sólo no se le derrotó, sino que el consumo de drogas “pesadas” se ha visto acrecentado, habiendo sido la marihuana solo la puerta de acceso. Verdaderamente lamentable. Solo resta la dignidad de una renuncia.